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Hasta tres casas ocupadas en el barrio de As Gándaras por familias gitanas

En algún caso tuvieron que pagar hasta tres mil euros que abandoran la vivienda

Cadena Ser

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Son en total tres las casas ocupadas en el barrio de As Gándaras, en la ciudad de Lugo, por familias gitanas, con una "casa matriz" desde donde distribuyen a otras familias.

Lo ha denunciado el presidente de la Asociación de Vecinos Gatos Roxos, Jaime Gueimunde, que desde hace unas semanas viene convocando manifestaciones en el barrio para tratar de sacar a estos ocupas ilegales de esas tres casas.

Incluso llegan a hacer "negocio", y así puntualiza Gueimunde que "hay una casa que tienen alquilada, que es la casa madre y después tienen otras dos casas ocupadas". "Unos vienen y otros se van", ha advertido.

Así ha recordado que "en una casa se fueron unos y a los quince días vinieron otros, ellos van trayendo gente y marchando, en la última casa intentaron meter a cuatro mujeres y al final las desalojó la policía". "Desde la casa madre controlan a la gente de un lado para otro", abunda.

Respecto de sí han convertido esto en un negocio, Jaime Gueimunde no se moja pero ha insistido en que "son prácticas que no se pueden permitir, que lleguen unos individuos que revienten la cerradura, entren en tu casa y se queden a vivir allí, casas que les ha costado a la gente mucho dinero y trabajo hacerlas".

Presidente de la asociación

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El presidente de la Asociación de Vecinos ha alertado, a su vez, de que los "ocupas" están mostrándose más "agresivos" en los últimos días, incluso "protestando", por lo que ha emplazado a la "gente" a que "no entren al trapo de sus provocaciones".

Gueimunde ha confesado que los vecinos están "nerviosos", que cunde el "nerviosismo" al no poder hacerse nada contra estas familias y que reina la "inseguridad" en "un barrio donde vive mucha gente mayor".

Estos "invasores" han llegado a pedir dinero para salirse de las casas, "lo piden siempre" acota Gueimunde que relata el caso de uno de los propietarios que llegó a desembolsar hasta tres mil euros para que se fueran de su vivienda.

Lamenta finalmente la "inseguridad jurídica" en la que se encuentran los propietarios, alentando a los políticos que reformen la ley, una ley que prima el derecho a la vivienda "y no el derecho a la propiedad".

 
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