Investigados tres altos cargos regionales por presunta prevaricación en la concesión de La Majada de La Pedriza
Situación de la Majada de la Pedriza y el aviso de que está cerrada permanentemente / Google Maps
Colmenar Viejo
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Colmenar Viejo ha citado como investigados a tres altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente en 2014 por presunta prevaricación en la concesión de una parcela con casas forestales en el término municipal de Manzanares El Real. Se trata del exdirector general de Medio Ambiente y actual concejal de Majadahonda, Ricardo Riquelme; el codirector del Parque Nacional, Pablo Sanjuanbenito y el responsable de Espacios Protegidos, Ismael Hernández.
En el año 2014, la Consejería de Medio Ambiente convocó un concurso público para la concesión de una parcela con edificaciones de piedra y granito en el término municipal de Manzanares El Real. El objetivo era dar uso a unas instalaciones que habían servido como alojamiento de personal encargado del monte, para almacén de maquinaria o para hacer cursos de cuidados forestales, hasta que en el año 1992 dejo de utilizarse.
Al concurso público con un canon de 2.000 euros anuales se presentó una sola empresa para desarrollar un centro de información sobre el Parque Nacional de Guadarrama, un local de restauración y otras actividades que conllevaban también arrendamientos privados bajo el nombre de La Majada de La Pedriza.
Ecologistas en Acción advirtió que los usos del expediente y los pliegos de condiciones no eran acordes con la Ley de Parques Nacionales, tras su revisión la Comunidad de Madrid ordenó la anulación de la concesión por “defectos formales”. La empresa adjudicataria recibió más de 300.000 euros– un tercio del presupuesto del Parque Nacional- en forma de indemnización por las inversiones realizadas en los edificios.
María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, sobre la investigación a tres altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente
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Ecologistas en Acción pidió las instalaciones se usaran para la investigación y la conservación del Parque Nacional y no inicio procedimiento judicial contra los responsables regionales. A pesar de ello, ha sido la Fiscalía de Medio Ambiente quién ha elevado denuncia.
