Los trabajadores de EMASA y la EMT exigen una disculpa pública al gerente de Limasa

Málaga

Los trabajadores de las empresas municipales de transportes (EMT) y de aguas (EMASA) exigen una disculpa pública tras las controvertidas grabaciones desveladas por la Cadena SER en las que el gerente de Limasa, Rafael Arjona apuntaba a que se pacta la entrada de trabajadores e incluso llegan a meter a sus hijos en esas sociedades. Una manifestaciones que han abierto la caja de Pandora en el ayuntamiento de Málaga. Sobre Emasa, este directivo señaló que "lo tienen pactado y entra el hijo", y en la de transportes, que "o te afilias a la UGT o no consigues entrar".

Desde estas sociedades, cien por cien públicas, niegan la mayor y rechazan categóricamente que exista un "pacto de silencio" para meter a trabajadores. Así lo señalan el presidente del comité de empresa de EMASA, David Conde, y su homólogo en la EMT, Francisco Villodres.

El gerente de Limasa hablaba de esas dos empresas como ejemplo ante la posibilidad de llegar a un pacto de "silencio" para mantener los puestos heredados en la sociedad mixta de limpieza una vez que se municipalizara.

El escándalo por las grabaciones de Limasa llegará al pleno del cinco de marzo en el ayuntamiento de Málaga, donde la oposición exigirá dimisiones, pero ya mañana, el asunto centrará buena parte de la comisión de medio ambiente, en la que Málaga para la gente - IU lleva una moción sobre la sociedad de limpieza.

El gerente de Limasa ha venido defendiendo que sus declaraciones se sacaron de contexto y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, hasta ahora lo ha respaldado.

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Salvo sorpresa mayúscula, todo apunta a que el alcalde ha fracasado en su intento de municipalizar la empresa de Limpieza antes de las elecciones locales tras no conseguir el apoyo de los trabajadores a su oferta. Al frente de las negociaciones han estado el gerente de la sociedad y la concejala del ramo, Teresa Porras.

En una década han accedido a Limasa 196 empleados por puestos hereditarios en aplicación de al menos tres artículos del convenio colectivo que abre la puerta a que accedan a la empresa hijos o cónyuges cuando se produzan jubilaciones parciales o anticipadas, y también en caso de fallecimiento.

La sociedad tiene el 51 por ciento de capital privado y el 49 por ciento es restante del ayuntamiento de Málaga, pero los casi 100 millones de euros que cuesta al año son sufragados en su totalidad por dinero público.