Compromís vincula a Rafael Blasco con otro "pelotazo" en la privatización de las ITV

Valencia

El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha explicado este jueves de que ha puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción una información que vincula al exconseller Rafael Blasco con un "pelotazo" que supuso un beneficio de 48 millones de euros para una firma de la que su hijastra era copropietaria.

Esta operación tendría su origen en la adjudicación de uno de los cinco lotes en los que se dividieron las ITV de la Comunitat Valenciana para su privatización en 1998, en una operación por la que ya se investiga al expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana. Esta privatización, la primera del Gobierno del PP en la Comunitat Valenciana, según ha destacado Ferri citando un informe de la Sindicatura de Comptes de 2017, se realizó sin los preceptivos informes legales.

Según Ferri, las ITV valencianas fueron divididas en cinco lotes, el primero de los cuales se adjudicó a Sedesa (vinculada a la familia Cotino), el segundo a Lubasa y Bancaja, el tercero a Aguas de Valencia, el cuarto a ATECSA y el quinto a Pavasal y Mayve, una firma "vinculada al caso Naseiro". 

Dentro de ATECSA; el grupo empresarial Tempero 9000 se hizo con el control del 99,96 de las acciones, sostiene Ferri. Este grupo empresarial, cuenta que fue propiedad, al 25 %, del exdirectivo de recursos humanos del Sepiva (empresa que debía inspeccionar las ITV) Gregorio Martínez Tolosa, el entonces secretario del Ayuntamiento de Carlet y amigo de Blasco, Juan Ramón Ferris Tortajada, Luis Juárez y María Consuelo Salom Císcar, hijastra del exconseller.

Esta y otras empresas se convirtieron en adjudicatarias de un servicio que empezó a funcionar en 1998, de acuerdo con un pliego de condiciones que recogía que las segundas inspecciones, hasta entonces gratuitas, tendrían un coste del 75 %, a lo que se sumaron beneficios no recogidos en el pliego, como la actualización de las tarifas al IPC de 2001 a 2009.

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Durante su etapa como conseller de Bienestar Social (entre 2000 y 2003), Blasco "adjudicó a Tempero 500 plazas de residencias en Xàtiva". Asimismo, recuerda Ferri que posteriormente, como conseller de Medio Ambiente, Rafael Blasco, introdujo mediante un decreto pruebas nuevas, como la sonometría (solo obligatoria en la Comunitat) o la de gases contaminantes.

De esta forma, destacan, en 1997 se adjudicaron unas ITV que entre 2000 y 2003 aumentaron sus tarifas de 18 a 46 euros, tras lo que en 2004 las adjudicatarias vendieron sus participaciones, llevándose unos beneficios "millonarios", pues por ejemplo el lote de Atecsa se adjudicó por 8 millones y se vendió por 47,9 millones de euros, según consta en un contrato privado al que Ferri afirma haber tenido acceso.

Esta venta, sin embargo, fue comunicada a la CNMV oficialmente por un importe de 14,25 millones de euros. "La primera privatización del PP dio origen a la primera trama corrupta", ha lamentado Ferri, quien ha insistido en que "los valencianos hemos pagado las tarifas de ITV más altas del Estado para financiar un gran negocio de empresas cercanas al PP.

En su última comparecencia en una comisión de investigación en Les Corts, Blasco aseguró que su hijastra no había obtenido beneficio alguno en esta operación, y negó haber mantenido una relación cercana a Ferris Tortajada, un extremo que Compromís considera falso y por el cual adoptará medidas legales contra el exconseller.

"Es posible que Ferris Tortajada se la pudiese haber jugado a Blasco gracias a ciertas maniobras societarias. Sabemos que Luis Juárez, propietario de Tempero 9000 al 25 %, no cobró este mismo porcentaje cuando la sociedad se vendió, sino que apenas se llevó un millón y en calidad de intermediario, tras haber amenazado con acudir a los tribunales", asegura Ferri.

Las concesiones de las ITV, según ha explicado el portavoz de Compromís, finalizan en 2021 y, en consecuencia Ferri ha pedido al Consell que estudie posibles cambios en el modelo de gestión. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción hace tres meses y Compromís no ha solicitado la personación en la causa.