Sanidad, condenada a 6.000 euros por la pérdida de visión de un ojo a un bebé

Alicante

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 6.000 euros a la familia de un un niño que fue intervenido de cataratas con dos mes de edad en el Hospital General de Alicante, sin el preceptivo consentimiento informado, y que acabó perdiendo la vista del ojo izquierdo, por secuelas tras la operación.

La familia, que pedía hasta 100.000 euros por todos los tratamientos y las sucesivas intervenciones quirúrjicas que el niño ha seguido sufriendo hasta los seis años, considera "ridícula" la indemnización y ha llevado el caso a la Asociación del Defensor del Paciente.

Al pequeño se le detectó al poco de nacer una catarata congénita en el ojo izquierdo y para corregirla fue operado en el Hospital General de Alicante, al no estar disponibles entonces los quirófanos de La Fe de Valencia. El resultado de la intervención acabó dos meses después en un desprendimiento de retina, un riesgo típico y grave de esta cirugía, pero del que la madre no fue informada ni a quien tampoco se le ofrecieron alternativas terapéuticas, hecho "incontrovertido", según el fallo.

La sentencia de la Sala del Contencioso administrativo del TSJ avala la versión de la familia, en cuanto que la asistencia médica en el hospital "fue negligente" por no informarles, y acuerda la indemnización en 6.000 euros. Pero el letrado del caso, Ignacio Martínez, lamenta que solo se haya atendido al daño moral, y que aunque la sentencia recoja la posibilidad de un recurso de casación, éste no tenga más recorrido, al no poder entrar el Tribunal Supremo en la valoración.

Denuncia Martínez que éste no es el único caso de "sentencias simbólicas" que los tribunales, con "los jueces como parapetos", están dictando por negligencias médicas en la Comunitat Valenciana. Y lo atribuye al hecho de que el sistema sanitario de la Comunitat carezca desde hace algunos años de póliza que lo avale como tal, al contrario de la mayoría de comunidades autónomas que sí cuentan con ese seguro.

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Además de esa falta de consentimiento informado, la familia alegó que no constaba la biometría supuestamente realizada previa a la operación, y que después se aplicó un tratamiento tardío al desprendimiento de retina que acabó sufriendo el menor, con siete días transcurridos entre aquel en que la madre llevó al niño en urgencias -un 21 de marzo- y el día 27, en que se decidió explorar al niño en quirófano y fue constatado el desprendimiento.

Desde la Administración mantenían que éste era "un riesgo típico de la intervención" y que "surgió sin mediar mala praxis". 

El fallo del tribunal concluye que "no se ha cuestionado técnicamente la oportunidad de realizar las intervenciones quirúrgicas, pero la carencia de consentimiento informado debe ser indemnizada" con los 6.000 euros.