Alejandro Hernández (VOX): "El crimen pasional sigue existiendo"

Córdoba

“Hay un maltrato que puede ser el caso normal del hombre que pega a su mujer y tal, normalmente muchas veces porque sea una familia desestructurada, que haya una adicción…”. El parlamentario de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, desoye los datos que certifican que la Violencia de Género no es un fenómeno que afecte solo a las clases más desfavorecidas para dibujar un estereotipo de la violencia y para perfilar diferencias entre unos casos de violencia y otros “que tienen otro tipo de tratamiento preventivo” como el “crimen pasional que sigue existiendo”. En una entrevista en Hoy por Hoy Córdoba, Alejandro Hernández, responde a cuestiones relacionadas con este y otros temas de actualidad.

Vox proclama sus postulados liberales pero apoya a los taxistas en su reivindicación de continuar como un sector intervenido por la administración ante la “injusta” situación que viven los taxistas frente al impulso liberalizador de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. También aboga por replantear la posición de España frente a la Unión Europea cuando las cosas van mal para determinados colectivos y “asumir determinadas políticas cuando resultan negativas para los españoles”. Un ejemplo: si la naranja se vende en origen e a 0’8 o 0’10 euros y ASAJA inicia movilizaciones, como ha anunciado, VOX se pone del lado de los agricultores a pesar de que es el propio liberalismo el que desemboca en una guerra de precios e intermediarios. La liberal ley de la oferta y la demanda. Cabe recordar que el manifiesto de Vox promueve “La economía de mercado, la libre iniciativa y el pleno reconocimiento del derecho de propiedad son las claves de la prosperidad y de la creación de empleo”. El parlamentario de VOX por Córdoba, Alejandro Hernández, no detecta contradicciones en ello pues considera que los problemas del taxi no son los propios de liberalizar su sector sino de competir en “desigualdad de condiciones” con los propietarios de licencias VTC.

El partido de Santiago Abascal promueve la limpieza en las administraciones pero en Andalucía ha pactado con un partido que ha sido condenado por financiación ilegal en varias comunidades autónomas. “Lamentablemente, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, todos tienen historias y asuntos en los tribunales por corrupción. Si lleváramos a un extremo esa exigencia nos impediría llegar a acuerdos con cualquier fuerza política”, asegura.

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Este parlamentario, abogado desde hace años, que ahora se incorpora al grupo de Vox en el Parlamento Andaluz, no encuentra contradicciones tampoco en que su partido haya sido financiado por el exilio iraní, organización terrorista hasta 2012 según EE.UU., pues según la información que maneja “estamos hablando de financiación de particulares, no organizada”, a pesar de lo manifestado por uno de los fundadores de Vox Alejo Vidal Quadras, que “no salió de nuestra casa muy satisfecho por otras razones, no me extraña que haga esas declaraciones pero, si lo sabía que lo hubiera dicho en su momento”, afirma. La financiación en Córdoba, añade, es “a base de las cuotas de sus afiliados”.

Vox, que asegura que será vigilante con el control del gasto público y que propone suprimir la administración paralela, asiste sin complejos a la trayectoria de su líder, Santiago Abascal, que entre 2010 y 2012 cobró sueldos de más de 80.000 euros como director de una fundación sin actividad, tras ser colocado por Esperanza Aguirre en la administración paralela de la Comunidad de Madrid. A Alejandro Hernández le basta con la explicación que, afirma, le dio el propio Abascal: “A mí me trasladó Santiago que esa es la época de su vida de la que menos satisfecho está y que fue el quien solicitó a sus superiores que cerrara”, concluye.

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Con el parlamentario andaluz de Vox profundizamos en la propuesta de conformar un distrito único educativo que permita a los padres elegir cualquier centro para sus hijos e insta a la educación pública a hacer “autocrítica”.

Preguntado por el proceso de exhumaciones iniciado hace unos días en las fosas de Víctimas del Franquismo en el Cementerio de La Salud afirma que es “incuestionable” el derecho de cualquier persona a conocer donde están enterrados pero afirma que negaría la financiación para ayudar a colectivos memorialistas “que se dedican a esto para llamarnos franquistas”.