Xunta y trabajadores de Alcoa acuerdan un plan de trabajo conjunto

Santiago de Compostela

Xunta y trabajadores de Alcoa han acordado una línea de trabajo conjunta. Ambas partes consideran prioritario el papel de Ministerio de Transición Ecológica. Su tarea, dicen, es tener lista una regulación elecéctrica acorde a Europa para junio.

El comité de empresa de la planta coruñesa da por hecho que los trabajadores respaldarán con su voto, en la asamblea del próximo lunes, el preacuerdo alcanzado con la empresa. Esto les dará un plazo de seis meses para buscar una solución, un inversor. Es por tanto el mal menor en estos momentos ese preacuerdo. El presidente del comité, Juan Carlos Corbacho, traslada a la Xunta y al Gobierno Central la responsabilidad de encontrar inversores.

A la Xunta también le ponen deberes. Debe diseñar un plan B para garantizar una salida laboral a los trabajadores, en caso de que Alcoa acabe cerrando, y asegurarse de que la empresa regenera la parte de la electrolisis. La Xunta se coloca en el papel de acompañante. Deja la pelota en el tejado del Ministerio, a quien exige que aplique de forma inmediata medidas para desarrollar el estatuto de las empresas electrointensivas.

El comité de empresa deja claro que la lucha no ha acabado. Están convencidos de que hay inversores interesados pero con diferentes estrategias. Por ello, ellos apuestan por aquellos que den continuidad a la producción de aluminio primario.