La AP ratifica, 2 años después, la condena para Arturo Mesa y Alvaro Maldonado
El juzgado de lo mercantil calificó el concurso de culpable y les impuso 3 años de inhabilitación. Los ex directivos de la CEOE CEPYME anuncian recurso de casación ante el Tribunal Supremo
Cadena SER
Ciudad Real
La Audiencia Provincial de Ciudad Real ratifica la condena impuesta en su día por el juzgado de lo mercantil, al que fuera presidente de la extinta CEOE CEPYME, Arturo Mesa y a su secretario general, Alvaro Maldonado. Organización que se vió sumida en la ruina y abocada a su desaparición por los problemas económicos e impagos que acumuló. El letrado que representa al ex presidente, Juan José Losa ha anunciado que van a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo por no estar de acuerdo en la fundamentación de la Sala ni en la forma.
Inhabilitación durante 3 años
2 años después del fallo que firmó el 28 de noviembre de 2016 el juez Carmelo Ordoñez, la sección 2ª desestima los recursos planteados por los ex directivos a los que se les impuso la inhabilitación durante 3 años para administrar bienes, ejercer el comercio o intervenir en compañías mercantiles o industriales.
El concurso fue calificado entonces por el magistrado como culpable condenando a ambos también a abonar a la masa activa el 20% y el 15% del deficit patrimonial. Fallo del que salió absuelto el también presidente de la CEOE, Antonio Sanchez Migallón.
El juzgado de lo mercantil consideró probado la existencia de irregularidades contables, que agravó la insolvencia de la organización, derivada esencialmente de la inversión que se hizo en la sede de la Confederación en Miguelturra con un coste, según señala la Sala, excesivo, generando una deuda hipotecaria por principal de casi 3 millones de euros.
Conductas graves
La sala de la sección 2ª señala que ambos representantes fueron conscientes del agotamiento de las vias de financiación, esencialmente las cuotas de afiliados, llegando a desviar los fondos de formación para gastos ordinarios, llegando a perder incluso la sede. Decisiones que fueron abiertamente desacertadas al adentrarse en el crédito de imposible devolución y no acudir al mecanismo concursal, cuando en 2010 atravesaba claramente una situación de insolvencia y de iliquidez a proveedores por un importe de 400.000 euros y ante la administración autonómica, por 700.000 euros.
Entiende que la conducta de los recurrentes fue grave, desde la propia contabilidad a las irregularidades detectadas al desvío de fondos publicos, generando una doble deuda, al no poder hacer frente a los proveedores y al ser reclamado el reintegro por la administración autonómica.
Insolvencia que se generó y agravó como consecuencia de estas conductas activas y omisivas de los administradores, generando unos gastos imposibles de asumir, cayendo de modo irreversible en la quiebra de la entidad, en sentido estricto.
Carmen del Campo
Jefa de Contenidos del Grupo de emisoras en la provincia de Ciudad Real. Licenciada en "Periodismo"...
