No hubo ánimo de imputar delito

Valladolid

Con acuerdo entre las partes ha concluido el acto de conciliación celebrado esta mañana en el juzgado número 8 de Valladolid a cuenta de las declaraciones de la Consejera de Familia sobre los jóvenes investigados en el Caso Arandina. La representación legal de Alicia García ha presentado en sede judicial un escrito en el que matiza y explica sus palabras en las que públicamente aseguró que la contratación de estos jóvenes por parte de clubes de fútbol de la comunidad autónoma eran una provocación. En el documento suscrito ahora por la consejera asegura que nunca estuvo en su ánimo “imputar de forma directa ningún delito a las personas que formulan la denuncia.” Añade que ni a título personal ni institucional se ha puesto en ningún momento en contacto “con ninguna empresa, entidad o institución con el objeto de perjudicar su contratación.” Expresamente indica ser consciente de que los hechos que subyacen en este asunto están bajo proceso judicial por lo que son los tribunales los únicos competentes para pronunciarse al respecto

Alicia García aprovecha el documento para explicar el mensaje que quiso transmitir con sus palabras, explicando que su intención fue trasladar un firme rechazo y de tolerancia cero frente a todas las manifestaciones de acoso sexual y abusos sexuales. Mensaje que según el escrito de la consejera “supone enfatizar en la necesidad de que toda denuncia por estos motivos sea tratada de manera rápida, adecuada, eficaz, con el máximo respeto a la presunción de inocencia y al tiempo con la exigencia de la aplicación de la ley con el mayor rigor para todos aquellos que sean declarados culpables por los Tribunales”

Según informa la Junta de Castilla y León el abogado de los jugadores de fútbol ha manifestado su conformidad con las consideraciones expuestas en dicho escrito, por lo que el acuerdo entre las partes evita la presentación de la querella que los letrados de los jóvenes anunciaron en caso de no haber quedado satisfechos con las nuevas declaraciones públicas de la consejera.

Fueron dos de los jóvenes investigados por el Caro Arandina quienes decidieron emprender estas medidas judiciales por considerar que tanto la consejera de Familia como la presidenta de la asociación de defensa de la mujer Antígona de Soria hicieron unas declaraciones públicas que atentaban contra su presunción de inocencia y les perjudicaron profesionalmente al frenar sus negociaciones y contratos con clubes de futbol de Castilla y León. De hecho en el caso de la soriana Conchi Baena el acto de conciliación previo a la querella, el pasado mes de octubre, finalizó sin acuerdo al haberse ratificado la demandada en sus declaraciones.