"La Intervención es el clavo ardiendo al que se agarran los políticos"

Sevilla

José Rebollo, el abogado del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, ha comenzado su informe advirtiendo que no iba defenderse de las acusaciones de otras defensas, que lo responsabilizan de no haber emitido el llamado informe de actuación que hubiera terminado con el sistema supuestamente ilegal con el que la Junta pagó las ayudas investigadas. “La Intervención es el clavo ardiendo al que se agarran ciertos políticos para evadir sus responsabilidades” porque para esta defensa solo los políticos podían actuar y cambiar la fórmula. En concreto los consejeros de Hacienda, Empleo e Innovación.

“La Intervención no tenía capacidad de decisión”, ha reiterado. “No podía parar o cambiar un sistema supuestamente prevaricador pero su voluntad fue evitar el delito de prevaricación” al elaborar los informes donde advertía de ese “sistema inadecuado”. Un sistema que permitió a la Consejería de Empleo durante una década otorgar ayudas sin bases reguladoras y a la agencia pública IDEA pagarlas sin conocer el expediente de concesión, que en la mayoría de los casos no existía como tal.

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“El hecho de que Gómez conociese las irregularidades no puede desprenderse que conociera que se estaba cometiendo un delito por terceras personas” porque no es posible equiparar “el conocimiento de las irregularidades administrativas con el menoscabo de caudales públicos”, ha señalado el letrado. Su cliente, ha mantenido, actuó siguiendo la normativa y emitió 19 informes. “Los numerosos informes que emitió advirtiendo las irregularidades es contradictorio con considerar que tuviera voluntad de que se cometan las irregularidades”, ha dicho.

En su exposición, ha vuelto a señalar a los consejeros de Empleo, Hacienda e Innovación como los cargos públicos “habilitados para tomar las medidas necesarias para suspender y desechar el uso de las transferencias de financiación”. Ha explicado que el consejero de Empleo “pudo dictar órdenes” para que no se tramitaran las transferencias de financiación de su consejería a la agencia IDEA. El consejero de Hacienda, ha argumentado, pudo ordenar que no se pagaran las ayudas dirigiéndose a la Tesorería General. Y el consejero de Innovación pudo rescindir los convenios con la consejería de Empleo para que la agencia IDEA dejara de pagar esas ayudas que concedía Empleo.

El abogado se ha quejado en numerosas ocasiones de la “falta de concreción” de la Fiscalía en su acusación. Y ha repetido que no cabe acusar ni de prevaricación ni de malversación porque “toda la actuación” de Manuel Gómez estuvo encaminada a “subsanar las irregularidades” y porque no tuvo “potestad de decisión”. El ex interventor, según su abogado, “no era el dueño de los caudales públicos” que se pudieran haber malversado ni tampoco existen indicios o pruebas de que permitiera o consintiera que otros se lucraran con dinero público. “No sabía ni tenía por qué saber el destino de las ayudas”, ha enfatizado la defensa.

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Manuel Gómez está acusado de los supuestos delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos y se enfrenta a seis años de prisión y 30 de inhabilitación.