El PP lleva al Congreso y Les Corts las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones

Valencia

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana lleva al Congreso y Les Corts las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones de la Comunitat a través de una proposición. Así lo ha anunciado la diputada nacional y vicesecretaria general del PPCV, Elena Bastidas, tras reunirse con representantes de la plataforma de los funcionarios de prisiones en la Comunitat Valenciana. En el encuentro también ha estado presente la diputada autonómica Maria José Ferrer San-Segundo.

La Proposoción no de ley que va a presentar el PP en el Congreso y en Les Corts Valencianes “recoge las distintas reclamaciones en materia laboral, salarial y de organización del colectivo de instituciones penitenciarias. Ahí se plasmarán sus reivindicaciones justas y legitimas de un colectivo muy castigado y olvidado”, sostiene Bastidas.

Bastidas recuerda que el PP en su día ya presentó una proposición de ley a nivel nacional pendiente de debate en el que "se reconoce a estos funcionarios como agentes de la autoridad, que gocen de protección similar a las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que sus informes tengan presunción de veracidad. Pero no es cuestión de partidismos sino de paliar su situación laboral precaria y mejorar salarios según lo prometido. Es un colectivo que se siente olvidado y ninguneado por el Ministerio del Interior".

En la propuesta se recoge, entre otras medidas, explica Bastidas, la mejora salarial, el incremento del complemento específico, el reconocimiento de la carrera profesional, la creación de una bolsa de interinos para sustituciones, la mejora de la formación, el cambio de nombre del cuerpo para dotarlo de mayor prestigio social, la mejora en la regulación de la segunda actividad, la uniformidad, la mejora de la situación de la sanidad penitenciaria con la transferencia a la Generalitat tal y como lo tienen País Vasco y Cataluña, una convocatoria de oferta de empleo público extraordinaria y –entre otras- establecer la obligación de la convocatoria anual del concurso de traslados.