Nueva protesta contra el ICA
Bajo el lema "ICA NO. Aragón no paga estafas" la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha vuelto a salir a la calle en contra de este impuesto
Cabecera de la manifestación contra el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) / Mónica Farré
Zaragoza
"No nos negamos a pagar un impuesto de depuración. Lo que no queremos es un impuesto abusivo ". " Es una estafa monumental". "Pagué cuarenta y pico euros el año pasado. Este año ya he devuelto el recibo". Así se pronunciaban en contra del Impuesto de Contaminación de las Aguas algunos manifestantes en las calles de Zaragoza. Llegaban convocados por la Red de Agua Pública de Aragón que reclama la sostenibilidad del sistema de depuración. "¿Cuánto nos va a costar? y entonces pongamos los medios para alcanzar esa cifra sin que sea demasiado gravoso", explicaba Maribel Torrecilla, presidenta de la plataforma. Además, proponía "una tasa para los pueblos que tengan el servicio de depuración a través de la DGA, un impuesto pequeño que pagarían todos los ayuntamientos, tengan o no depuradora, para ayudar a los núcleos necesitados. También un aporte de los presupuestos generales, porque de alguna manera tienen que hacerse responsables del problemón que nos han dejado los gobiernos anteriores".
En cualquier caso, Torrecilla asegura que la solución no pasa solo por la modificación del impuesto " ya que puede cambiarse en un futuro, poner diferentes precios en cada tramo o también distintas exenciones. Por eso habría que incluirlo en la Ley de Aguas de Aragón".
En la manifestación también ha estado presente el alcalde de Zaragoza. Pedro Santisteve ha mostrado su rechazo a la última propuesta del Gobierno de Aragón, que supone rebajas en un 97 % de los recibos. Asegura que "la solución no va de bonificaciones, sino de que los zaragozanos no deben pagar el sobre coste de un plan de depuración de aguas.". Reclamaba políticas de reinversión para Zaragoza "porque han pasado veinte años desde que se construyó la depuradora, necesitamos hacer inversiones que rondan los 7 millones de euros anuales". Y acusaba a la DGA de mantener una postura "oscurantista" sobre este asunto. Retaba además al ejecutivo autonómico a convocar la comisión bilateral con el Ayuntamiento, donde pudiera abordarse este y otros asuntos.
