Asociaciones de fiscales demandan un fiscal anticorrupción en A Coruña

Álvaro García Ortiz / Cadena SER

A Coruña
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación de Fiscales han presentado en el turno de ruegos y preguntas del Consejo Fiscal celebrado este miércoles 10 de octubre un escrito solicitando la creación de la figura de Fiscal Delegado Anticorrupción para las provincias de A Coruña y Pontevedra.
En un comunicado remitido este jueves a los medios, la APIF ha precisado que A Coruña es la décima provincia más poblada del país, con más de 1,1 millones de habitantes, siendo, a su vez, la quinta del país en población fuera de la capital. Asimismo, ha apuntado que tiene tres municipios que superan los 70.000 habitantes: A Coruña, Santiago y Ferrol.
Por su parte, según ha señalado, la provincia de Pontevedra es la decimosexta del país, con casi un millón de habitantes, con ciudades como Vigo, además de la capital, de casi 300.000 habitantes. Por ello, han considerado que ambas provincias requieren "de manera urgente" la creación de la especialidad y, "de ser posible", la creación de plaza específica cuando haya ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal.
La ausencia de resultados en la lucha contra la corrupción "es patente", según ha destacado la APIF, ya que "no hay presos por causas de corrupción, ni provisionales ni sentenciados; no hay cultura de recuperación de activos procedentes del delito; no hay una relación destacable con la Policía Judicial, porque tienen un gran número de fiscales a los que dirigirse; no hay protocolos claros de actuación o ciertas decisiones podrían ser tomadas como cuestionables -como mandar a fiscales sustitutos a juicio contra personas que habían sido aforadas hasta que se dirigió la investigación contra ellas-.
Por otro lado, ha asegurado que "se desconoce la existencia de causas abiertas por la Fiscalía Especial, más allá de las relativas a las prejubilaciones millonarias en las Cajas de Ahorros". Por ello, ha insistido en que la Unión Europea cada vez reclama "un mayor esfuerzo" a los estados miembro en el sentido de crear unidades "más robustas anticorrupción".
Asimismo, ha indicado que, en 2020, va a entrar en funcionamiento la Fiscalía Europea y esto "va a conllevar, necesariamente, un deber de coordinación para determinados asuntos que, se considera, no pueden quedar diseminados entre toda una plantilla". La Inspección fiscal, en su reciente acta de inspección de la provincia de A Coruña, se hace eco de esta demanda y propone también la creación de un delegado para esta provincia.
Así, el Consejo Fiscal, por unanimidad, en el turno de ruegos y preguntas, a instancias del consejero Álvaro García Ortiz (UPF), que defendió la propuesta conjunta, apoyó esta solicitud.
Al respecto, ha explicado que queda tan solo determinar cuál de las dos opciones será la definitivamente ejecutada, si la del Fiscal Delegado, que es la que la asociación pretende, para dotarla del máximo de efectividad --acceso a las unidades centrales de Policía Judicial, asunción en exclusiva de asuntos de anticorrupción o a lo sumo de especialidades conexas como delincuencia económica urbanística y medioambiental, visado del Fiscal Jefe Anticorrupción--; o el sistema de Fiscal autónomo, que la APIF rechaza, por la conexión diaria que suele tener la figura de dicho Fiscal con los latos cargos de las eventuales investigaciones, y el riesgo de que quede en un puesto testimonial y nada ejecutivo.