¿Quién va a pagar 106 millones a Castilla-La Mancha por el trasvase Tajo-Segura?
Según el director de la Agencia regional del Agua, a los regantes de Levante se les han perdonado dos tercios de las tarifas del trasvase
Antonio Luengo / Europa Press
Toledo
El Gobierno de Castilla-La Mancha calcula que la deuda no pagada a la Comunidad Autónoma en concepto de tarifas del trasvase Tajo-Segura desde que el Estado acordó cederlas en el año 1986 a las comunidades autónomas estaría actualmente en 106 millones de euros, según ha adelantado este martes el director general de la Agencia del Agua, Antonio Luengo.
Durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Agua de las Cortes para hablar de las tarifas del acueducto, ha indicado que así se desprende del estudio que han realizado de todos estos años, que arroja una situación "bastante problemática", ya que a ello hay que sumar que los costes de amortización de la infraestructura que, aunque deberían "haberse terminado ya", actualmente están en el 37%; y otros que no se computan como los costes ambientales, sociales o de oportunidad.
"Si de pronto se acaba el trasvase, ¿quién va a pagar todo esto y qué transferencia de dinero se va a hacer a Castilla-La Mancha?", se ha preguntado Luengo, que ha asegurado que a los regantes del Levante se les han perdonado "dos tercios de lo que tenían que haber pagado" por el agua trasvasada, hecho que ha criticado, convencido de que, por eso, "cuando hablan de desalación dicen que es cara".
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Antonio Luengo habla de la deuda por el trasvase Tajo Segura
Revisión de tarifas y recurso del SCRATS
Luengo ha explicado que a los regantes -fundamentalmente al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS)- se le aplican las tarifas en función a los volúmenes realmente consumidos, lo que, según el director de la Agencia del Agua, significa que Castilla-La Mancha "está perdiendo".
Indicaba que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura elabora periódicamente un documento sobre tarifas, según lo previsto en la Ley 52/1980 y ha agregado que, revisando la normativa, la Agencia del Agua vio que esas tarifas "se estaban aplicando mal" y así se lo comunicó al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), lo que supuso una revisión con una subida a los regantes que motivó un recurso judicial por parte del SCRATS
