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La Diputación se compromete con los proyectos audiovisuales

La institución foral ha presentado un anteproyecto de Norma Foral que apoyará las inversiones cinematográficas en el territorio

Imagen de archivo. / Escuela Elías Querejeta

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San Sebastián

La diputación de Gipuzkoa apoyará con nuevo incentivos fiscales, que introducirá en el impuesto sobre sociedades, los proyectos cinematográficos. Se verán beneficiados de esta deducciones las producciones realizadas en Euskadi, con especial atención a las obras realizadas en euskera. "Estamos trabajando para impulsar los audiovisuales en euskera para potenciar nuestra lengua con las nuevas generaciones", ha destacado el diputado general, Markel Olano.

En este anteproyecto de Norma Foral se contempla introducir dos incentivos: uno para las inversiones en producciones vascas y estatales, y otro para inversiones en producciones extranjeras rodadas en la comunidad autónoma vasca. En el caso de los primeros, se introduce una deducción general en el impuesto sobre sociedades del 30%, y del 40% para obras en euskera. "La deducción máxima asciende a 2,5 millones de euros, y las empresas tendrán que cumplir con una serie de requisitos como contar en la plantilla técnica o artística con al menos cuatro personas ciudadanas de Euskadi o que el periodo de rodaje sea de dos semanas como mínimo en el caso de los largometrajes", ha explicado el diputado de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga.

Por otra parte, en el caso de las inversiones en producciones extranjeras, la deducción asciende al 25% de los gastos realizados en Euskadi. La deducción máxima también será de 2,5 millones de euros, y el proyecto cinematográfico deberá de llevar a cabo un gasto mínimo de un millón de euros en la Comunidad Autónoma. "La base de la deducción estará formada por los gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores, y establece un límite en el gasto del personal creativo de 50.000 euros por personas", ha indicado Larrañaga.

El anteproyecto será llevado al Consejo de Gobierno de la Diputación, posteriormente pasará por Juntas Generales y después tendrá que recibir el visto bueno de Europa para su aprobación definitiva. Por tanto, y según las previsiones de la Institución la nueva normativa entrará en vigor en 2019.

 
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