El juez que permitió a Trevijano un tercer mandato como rector cobraba de la URJC

Madrid

Este magistrado se llama Alberto Palomar Olmeda. En enero de 2010 llegó a su juzgado, el número 23 de Madrid, la demanda contra el entonces rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Pedro González Trevijano -ahora magistrado del Tribunal Constitucional (TC)- por presentarse a un tercer mandato saltándose los estatutos de la propia universidad que establecían un máximo de dos mandatos consecutivos. Una denuncia que este juez resolvió un año después, en enero de 2011, y que desestimó. Falló a favor de Trevijano. Mientras esto ocurría, el magistrado Alberto Palomar era profesor del máster de periodismo deportivo de la URJC. El magistrado asegura a esta emisora que ha impartido una 'masterclass' de muy pocas horas en ese posgrado, muy puntualmente aunque según ha confirmado la Cadena SER de documentos internos de la universidad fue profesor de ese posgrado desde 2007 hasta 2013.

No era su única vinculación con la URJC. En julio de 2010, justo en medio del tiempo que duró la instrución de la demanda en su juzgado, el magistrado Alberto Palomar participó en un curso de la Fundación Rey Juan Carlos, de la que es patrono el ex rector Trevijano. En ese curso coincidió con el profesor Pablo Chico de la Cámara, imputado ahora en el caso del máster de la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes. En esas jornadas que se celebraron entre el 5 y el 9 de julio, dirigidas por el catedrático de la URJC Luis María Cazorla, participó también Enrique Arnaldo Alcubilla, profesor de la Rey Juan Carlos y, en aquel momento, representante general de la candidatura de Pedro González Trevijano en su tercera reelección.

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Más vínculos con la universidad de Trevijano

Además, este magistrado figura como colaborador en un proyecto de investigación de la URJC dirigido por Susana Galera, profesora imputada del máster de Cifuentes. En ese equipo liderado por Galera, además del juez, estaba también el tío de Cecilia Rosado, también imputada, Santiago Rosado Pacheco, catedrático de derecho administrativo de la Rey Juan Carlos. En 2016, el magistrado mantiene la vinculación con la Universidad Rey Juan Carlos y, en este caso, con el Instituto de Derecho Público de Enrique Álvarez Conde. Alberto Palomar explica a la SER que participó en un curso que organizó el COE (Comité Olímpico Española) con la URJC. Según la documentación que obra en poder de la SER, en diciembre de ese año, 2016, el magistrado recibió una transferencia de casi 400 euros por parte del instituto de Conde. Palomar Olmeda admite estas vinculaciones con la Universidad aunque precisa que se trata de hechos esporádicos, puntuales y en el marco de conferencias y seminarios. Este juez asegura que ahora no tiene vinculación académica ni contractual alguna con la URJC y que nunca la ha tenido, a pesar de que recibía una contraprestación económica por todas estas actividades docentes.

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Denunciado por prevaricación

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Una de las causas que marca la jurisdicción española para la abstención o recusación de un magistrado es la de "tener interés directo o indirecto en la causa". A pesar de lo que establece la ley, el juez Palomar Olmeda no se inhibió y fue denunciado por prevaricación y por demorar durante 114 días la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en segunda instancia, sí anuló la candidatura del ex rector. Alberto Palomar justificó el retraso en que Trevijano había presentado un incidente de nulidad y que hasta que no se resolviera el fallo no podía ser firme y, por tanto, no se podía anular su candidatura al rectorado de la URJC.

El TSJM, que instruyó esta querella por prevaricación contra el juez, la desestimó con un voto particular del magistrado Emilio Fernández Castro que si apreció indicios de delito en la actitud de Palomar Olmeda. En última instancia, Trevijano recurrió la anulación de su candidatura ante el Constitucional, el tribunal del que ahora forma parte como magistrado, que le dio la razón. Otra sentencia en todo este relato que se cerró con un voto particular, en este caso, de la magistrada Encarnación Roca Trías.