¿Por qué la supresión de los aforamientos que propone Sánchez no afectará a los procuradores de la comunidad?
El aforamiento de los procuradores de las Cortes y los miembros de la Junta está amparado en el estatuto de autonomía, no en la Constitución Española
Imagen de un pleno de las Cortes de Castilla y León / Miriam Chacón (Ical)
Valladolid
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de eliminar los aforamientos a través de una reforma de la constitución que estaría lista en 60 días.
El aforamiento es un privilegio del que gozan unas 250.000 personas en España. El grueso de esa cantidad son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que hay que sumar otras 18.000 personas, como es el caso del rey emérito, la Familia Real, los ministros del Gobierno, los diputados, los jueces, los fiscales, los presidentes de gobiernos autonómicos o los 84 procuradores en el caso de Castilla y León que representan a los ciudadanos en las Cortes.
Pero, ¿esta reforma constitucional que propone Sánchez afectaría a Castilla y León? La respuesta es no. Juan María Bilbao, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, lo explicaba así en La Ventana Castilla y León, en la Cadena SER.
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Para que los procuradores de las Cortes de Castilla y León perdieran su condición de aforados se debería modificar el estatuto de autonomía. Para modificar este estatuto el necesario el apoyo de dos tercios de la cámara por lo que se necesitaría la participación en la reforma del partido del Gobierno autonómico, el Partido Popular.
Además, en el caso de la comunidad, esta modificación no necesita un refrendo popular a través de un referéndum, con la aprobación por los procuradores en el pleno bastaría para que la medida tuviese efecto.
