El Ayuntamiento de Agüimes, condenado por cobros indebidos

Las Palmas de Gran Canaria

Condena al Ayuntamiento de Agüimes. El consistorio del sureste de Gran Canaria ha sido condenado por cobros indebidos en la residencia de mayores municipal. El juez del Juzgado Contencioso Administativo número 5 de Las Palmas obliga a devolver casi 30 mil euros a una mujer dependiente por no haberle descontado cuotas ya subvencionadas por la Ley de Dependencia entre enero de 2014 y julio de 2016.

Es la primera de las sentencias que salen sobre este asunto denunciado por al menos siete personas diferentes. Candelaria Pérez es una de ellas, quien sigue a la espera de que la justicia se pronuncie sobre el caso de su suegra, que pagaba por su plaza en el centro 1.200 euros mensuales hasta que falleció. Pérez se muestra satisfecha del resultado de la primera que da la razón a las familias: "El tiempo pone a cada uno en su sitio, teníamos razón al decir que el Ayuntamiento se quedó con un dinero que llegaba con nombre y apellido en la Ley de Dependencia".

Ahora espera que vayan llegando otras sentencias similares: "Son todos los casos exactamente iguales, trece plazas subvencionadas por el Gobierno de Canarias y, a pesar de eso, las familias seguíamos pagando igual", explica Pérez, quien señala que el importe mensual que tenían que abonar era de 1.200 euros, 14.400 euros al año, cuando la subvención anual  que llegaba del ejecutivo era de 23.662. "Una barbaridad económica".

El Ayuntamiento pagará.

Mientras tanto, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, asegura que respetan la sentencia y abonarán el dinero a la familia: "Son informes técnicos del Ayuntamiento los que defendían la postura del consistorio pero, tal y como habíamos dicho, si no teníamos la razón acataríamos las decisiones judiciales".

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Eso sí, considera que "la sentencia no entra en el fondo de la cuestión sino que se centra en que el ayuntamiento modificó la ordenanza fiscal en 2016 y da por hecho que se estaba aplicando la tasa mal calculada". Aunque reconoce que lo que hizo mal el consistorio fue presentar en la causa judicial un estudio económico mal desarrollado para justificar sus tesis,  insiste en que el precio de una plaza en el centro de mayores es superior a los 1.200 euros mensuales que se cobraba a los usuarios.