Fiscalía reclama 16 millones a los dos cabecillas de la trama de explotación laboral
El juez de instrucción número uno de Palma ha dado el primer paso para sentar en el banquillo a 13 personas por esta causa
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Cadena Ser
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Palma de Mallorca
Casi ocho millones de euros en multas. Es lo que reclama la fiscalía a cada uno de los dos hermanos empresarios de la restauración considerados cabecillas de la trama de la llamada mafia laboral, que obligaba a sus empleados a trabajar en condiciones abusivas. El juez de instrucción número uno de Palma ha dado el primer paso para sentar en el banquillo a 13 personas por este caso, que destapó contratos de pocas horas por jornadas maratonianas, horas extra sin pagar y trabajos sin descanso semanal. La fiscalía pide 30 años de prisión para cada uno de los dos principales acusados, propietarios de multitud de locales y restaurantes situados en zonas turísticas de Palma.
Están acusados por la fiscalía de delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores y por delito de defraudación de energía eléctrica. La Abogacía del Estado y el letrado de la Administración de la Seguridad Social también han pedido su procesamiento. El Ministerio Público reclama para los principales acusados 24 años por delitos contra la Hacienda Pública en doce ejercicios, cuatro años por delito contra la Seguridad Social, dos años por delito contra los derechos de los trabajadores y casi 7.500 euros de multa por delito de defraudación del fluido eléctrico.
Los investigadores descubrieron una trama empresarial organizada, donde los cabecillas utilizaban multitud de maniobras y atajos fiscales para obtener el mayor lucro posible a través de testaferros. El caso arrancño a raíz de las denuncias de numerosos trabajadores, que comunicaron a la Policía Nacional prácticas irregulares como contratos de una duración que no se correspondía con la real, el impago de las horas, salarios por debajo de convenio y jornadas que no respetaban los descansos semanales.
Durante la investigación se ordenó el cierre de 22 locales, situados la mayoría de ellos en zonas turísticas de Palma como la plaza Mayor, los alrededores de la Catedral, la zona de Cort o de Festival Park. El cierre de hecho, afectó a más de un centenar de trabajadores.