Exentas de la ITE las viviendas unifamiliares que no den a la vía pública

Bilbao

Las viviendas unifamiliares en Euskadi, que suman más de 31.600, solo deberán pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en el caso de que tengan una fachada que mire a la vía pública, y tampoco tendrán obligación de presentar este certificado los caseríos que cuenten con explotaciones agrarias o ganaderas.

Estos requisitos figuran en un nuevo decreto aprobado por el Gobierno Vasco y que entra en vigor este jueves, en el que se clarifican diversas cuestiones que "dificultaban" la realización de la ITE en todos los edificios que deben pasarla -aquellos con más de 50 años de antigüedad- y se agiliza el procedimiento para la evaluación y comprobación de las inspecciones, según ha informado hoy en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola.

El consejero ha precisado que el texto, que emana de la Ley de Vivienda de 2015, actualiza y refunde toda la normativa sobre la inspección de los edificios, y reforma tanto el primer decreto elaborado sobre este asunto, del año 2012, como su posterior modificación, de 2014.

Arriola ha señalado que aún queda un "largo camino" para completar todas las inspecciones a las que están obligados los edificios del País Vasco con más de 50 años ya que, de los 73.429 inmuebles que deben pasar la ITE, el Gobierno Vasco tiene constancia de que se ha llevado a cabo hasta ahora en 21.416, un 29 por ciento.

Ha destacado que el nuevo decreto flexibiliza y clarifica el tratamiento a las viviendas unifamiliares, uno de los asuntos que hasta ahora había creado "confusión", según el consejero, debido a que en el primer decreto de 2012 se excluía expresamente a este tipo de edificios de la necesidad de pasar la ITE, y en la reforma de 2014 se hizo obligatoria para todas estas viviendas sin excepción.

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El nuevo decreto establece que la ITE es exigible en los plazos establecidos (cuando cumplan 50 años y cada 10 posteriormente) a aquellas viviendas unifamiliares que tengan una fachada o más dando a la vía pública. La razón de esta medida es "preservar la seguridad de terceras personas, como los viandantes".

En el resto de viviendas unifamiliares cuya fachada no mire a la vía pública serán los ayuntamientos, que son los competentes en materia de disciplina urbanística, los que decidan si deben o no presentar la ITE.

Otra de las cuestiones que había sido objeto de "controversia", según Arriola, era la exigencia o no de la ITE para los caseríos, que son unos 5.100 de las más de 31.000 viviendas unifamiliares.

La nueva normativa determina que no se considerarán de "uso predominantemente residencial", y por tanto no estarán obligados a pasar la inspección técnica, aquellos "baserris" que, además de la vivienda, tengan otros usos intensivos que es lleven a estar inscritos en el Registro Industrial o en los registros de explotaciones ganaderas o agrarias de Euskadi.

Además de las novedades relativas a las viviendas unifamiliares, el decreto que entra en vigor mañana establece nuevos requisitos en cuanto al Plan de Uso y Mantenimiento del que deben disponer obligatoriamente los edificios: se reduce el plazo para disponer de él, que pasa de 1 año a 3 meses después de presentar la ITE al Ayuntamiento correspondiente, así como el plazo para inscribir en ese documento las incidencias halladas en la inspección y su subsanación, que se recorta a un mes.

El nuevo decreto aclara el concepto de la Evaluación de la Eficiencia Energética y elimina tramitaciones y procedimientos redundantes, como la Declaración Responsable del Técnico Superior, ya que el propio informe de la ITE constituye su declaración. Además, para evitar "malentendidos" y "malas prácticas", se precisa la definición de diversos conceptos, como qué debe considerarse "uso predominantemente residencial".

Arriola ha expresado su confianza en que estos cambios ayuden a impulsar la realización de las ITE, facilitando la tarea a los técnicos que las realizan y, especialmente, los trámites que corresponden a los ayuntamientos y a los propietarios de los edificios.

El consejero ha puesto de relieve que esta inspección "no es un gasto superfluo" -su coste es de unos 1.000 euros de media por comunidad de vecinos- sino un "ahorro", ya que la inspección para controlar el estado de la vivienda "frena su deterioro, advierte temprano de los problemas y, además de proteger a los residentes y a terceras personas, puede evitar reparaciones mucho más importantes y caras".