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El Gobierno declara el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo como área marina protegida

Comporta la prohibición de realizar sondeos petrolíferos en una zona de 46.000 kilómetros cuadrados del mar entre la península y Balears

Cadena SER

PALMA

El Consejo de Ministros ha aprobado declarar el corredor de migración de cetáceos como área marina protegida, lo que implica la protección también contra las prospecciones petrolíferas de esa zona. Quedan así protegidas 46.000 kilómetros cuadrados del mar Mediterráneo entre la península y Balears. Faltará por proteger la zona sur del archipiélago que es donde actualmente hay un proyecto de sondeos petrolíferos en trámite.

Tanto Govern como Alianza Mar Blava celebran esta decisión y reclaman también la aprobación de la Ley de protección del Mediterráneo impulsada por el Parlament para cerrar de forma definitiva la puerta a los sondeos.

El conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, considera un paso muy importante el dado hoy por el gobierno central y dice que es un “gran avance” para la protección definitiva del Mediterráneo. Son 46 mil hectáreas de la zona norte del archipiélago así que todavía queda pendiente el sur. Ahí es donde precisamente hay en marcha un proyecto que, en todo caso, “verá reducidas sus posibilidades de prosperar”, según Vidal, tras la entrada en vigor de este decreto.

Dice Vidal que lo importante ahora “es seguir trabajando para conseguir que el gobierno apruebe la ley que salió del Parlament reclamando la protección del Mediterráneo contra las prospecciones”.

Real decreto

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante Real Decreto, "la protección legal del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo Occidental como Área Marina Protegida". 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha informado de que la designación de este área, que ocupa una superficie marina similar al tamaño de Aragón, supone la toma de medidas para la protección efectiva de la zona, así como la elaboración de un plan para reducir el ruido o la prohibición de nuevas prospecciones de hidrocarburos.

De hecho, ha añadido que con esta declaración "se pone fin a nuevas prospecciones" y a "cualquier tipo de actividad extractiva" de hidrocarburos, al tiempo que ha anunciado que el Ministerio revisará a partir de ahora las que ya están en vigor.

Con la designación, a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica, España supera las conocidas como 'Metas de Aichi' del Convención de Biodiversidad de la ONU que consiste en tener protegidas en 2020 al menos el 10 por ciento de sus aguas. De hecho, con este AMP la protección marina española se acercará al 13 por ciento.

Ribera ha destacado también que esto sitúa a España como "uno de los países mediterráneos con más superficie marina protegida".

En el mismo acto, también se ha aprobado un régimen de protección preventiva y se propondrá que sea incluido en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM), en el marco del Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación, conocido como Convenio de Barcelona.

De este modo, el área que ahora se protege es una franja continua de aguas marítimas de 46.385 kilómetros cuadrados de superficie y de unos 85 kilómetros cuadrados de anchura media que se sitúa entre las costas de Cataluña, Comunidad Valenciana y en el archipiélago balear.

El área tiene un gran valor ecológico y constituye un corredor de migración de cetáceos de vital importancia para la supervivencia de los cetáceos en el Mediterráneo Occidental.

El objetivo es proteger de los efectos que se asocian al ruido submarino a la gran diversidad de especies de cetáceos y tortugas marinas que usan la zona como paso migratorio hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo, así como al resto de especies valiosas de este punto caliente de la biodiversidad mundial.

Asimismo, se aprueba un régimen de protección preventiva para garantizar que no existe una merma del estado de conservación de la fauna marina y se establece la prohibición de usar sistemas activos dirigidos a la investigación geológica subterránea, tanto a través de sondas, como aire comprimido o explosiones controladas como por medio de perforación subterránea, y también la de cualquier tipo de actividad extractiva de hidrocarburos, salvo aquellas relacionadas con permisos de investigación o explotación en vigor.

 

 
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