El Tribunal Constitucional deja sin efecto un desahucio porque no se notificó adecuadamente
Considera que el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Santander vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva
Tribunal Constitucional
Santander
El Tribunal Constitucional (TC) ha dejado sin efecto el desahucio de una mujer, ya ejecutado, al considerar que el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Santander no intentó notificarle adecuadamente la demanda que existía contra ella y vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.
El TC ha estimado el recurso de amparo interpuesto por la mujer, que fue desahuciada de un local que tenía abandonado y por el que debía casi 6.100 euros de renta, y ha ordenado "restablecerla en su derecho".
Para ello, ordena que se retrotraigan las actuaciones al momento "inmediatamente anterior" a aquel en que se intentó informarle sobre la demanda de desahucio que se había interpuesto contra ella.
Según la sentencia de la Sala Primera del TC, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de junio de 2016 la comunidad de bienes que le había alquilado un local demandó a la mujer por no pagar las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento, reclamando que se la desahuciase y abonase 6.099,88 euros.
La demanda, que incluía el domicilio y el número de teléfono de la mujer, se admitió y se acordó requerir a la demandada para que desalojase el inmueble, pagase la deuda o se opusiese a la acusación y alegase sus propias razones para ello.
Asimismo, se fijó la vista para el 19 de julio y el lanzamiento para el 20 de septiembre de 2016.
Sin embargo, cuando el agente judicial intentó notificar a la mujer el procedimiento que se había abierto en su contra, no pudo, ya que se confundió de dirección, sin saberlo en ese momento, y los vecinos del edificio al que acudió dijeron no conocer a la mujer.
Por ello, se procedió a citar a la demandada fijándose, "sin más trámites", la cédula de requerimiento en el tablón de anuncios de la oficina judicial.
De la misma forma se trató de informar a la mujer de que el juicio de desahucio se había resuelto dando por finalizado el contrato de arrendamiento del local y fechando el lanzamiento para el 20 de septiembre. Ese día se entregaron las llaves del local, que se encontraba "abandonado", a la comunidad de vecinos.
La mujer se enteró de este procedimiento cuando le notificaron, ya en su domicilio, el inició del procedimiento de ejecución de títulos judiciales, que se acordó a finales de noviembre de 2016.
Por ello, en febrero del año siguiente, la mujer solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Santander la nulidad del proceso, basándose en que el órgano judicial no había agotado "los medios que tenía a su alcance" para citarla.
Este Juzgado se opuso a la nulidad a través de un auto, al entender que no se había cometido ningún error y que se actuó conforme a lo establecido para los supuestos de desahucio de finca urbana por impago de rentas.
Por el contrario, el TC considera que el órgano judicial "no desarrolló ninguna actividad de averiguación de un domicilio alternativo tras constatar un sólo intento de notificación de la recurrente, que además no cumplió con mucho rigor".
Concluye así que se vulneró el derecho a la tutela judicial de la mujer, ya que no se agotaron "los medios de averiguación del domicilio real de la demanda antes de proceder a la comunicación por edictos".
