Las administraciones aseguran que desconocían la actividad ilegal de la pirotecnia

Santiago de Compostela

Qué falló para que el detenido por la explosión pirotécnica de Tui, Francisco González, pudiera almacenar material de forma ilegal sin medidas de seguridad. Es la pregunta a la que ninguna administración consigue dar respuesta. Concello y Delegación del Gobierno alegan que no existían denuncias formales sobre la actividad clandestina del empresario.

El exalcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, afirma que nadie presentó queja alguna en el registro durante su etapa al frente del gobierno local. El exregidor señala, además, que los informes de la Policía Local corroboran que ya no había actividad de fabricación en la nave de Baldráns, sobre la que pesaba una sentencia judicial para revocar la licencia concedida en el año 2013. La Delegación del Gobierno insiste también en que no les constan denuncias sobre la existencia de almacenes ilegales, a los que el dueño de La Gallega habría trasladado el material.

El cumplimiento de la normativa depende en última instancia del Ministerio de Industria, quien realiza las inspecciones técnicas. Tanto la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra como la Xunta precisan que se trata de una competencia estatal. El gobierno gallego solo puede actuar en lo relativo a la actividad minera. La Guardia Civil interviene, apuntan las mismas fuentes, cuando existe denuncia.

Cabaleiro defiende la contratación de los fuegos de San Telmo a la pirotecnia con orden de cierre y derribo. El exalcalde se ampara en la vigencia de la licencia de actividad en 2017. Lo que revocó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, añade, fue el permiso urbanístico. Más tarde, el Concello aprobó el expediente que acordaba la clausura y posterior demolición de las instalaciones en Baldráns. Es el nuevo ejecutivo, añade, el que debe explicar por qué no se ha llevado a cabo todavía esa segunda actuación. El actual alcalde, Carlos Vázquez Padín, repitió la contratación este año.