Una ex asesora de Empleo denuncia que sufrió amenazas de sus superiores

Sevilla

María José Rofa, ex asesora de la dirección general de Trabajo entre 2008 y 2011, ha comenzado su comparecencia ante el Tribunal que juzga a los políticos en el caso de los ERE advirtiendo que “he colaborado en todo lo que se me ha pedido, he hecho más de 25 declaraciones, he colaborado sin espíritu de defensa y sin estar en situación de coimputada. Lo que quise plasmar es la situación que viví en la dirección general y la situación incluso de amenazas que sufrí por mis superiores”. Rofa es la mujer que revisó las ayudas que había concedido el exdirector de Trabajo, Javier Guerrero, es testigo en este juicio pero imputada en otras piezas separadas.

La testigo, que responde con su abogado al lado, ha manifestado que las ayudas “podían venir decididas desde más arriba, por decisiones de Presidencia, de Innovación, del consejero. A veces el último que se enteraba era el director general”. “En temas de Santana son decisiones políticas, Boliden son decisiones de presidencia”, ha explicado como ejemplos. Y luego ha matizado que nadie le dijo eso directamente pero “indirectamente sí me lo dijeron”.

Rofa, que se incorporó a la dirección de Trabajo en junio de 2008, ha descrito un “desorden total”, un caos en los papeles que guardaba Guerrero en las dependencias del departamento. “No había solicitudes de las ayudas ni memorias justificativas ni seguimiento” y le dijeron que tampoco normativa sobre las ayudas investigadas. “Aquello era una bola enorme”. “No eran expedientes administrativos al uso, eran cúmulos de documentos, borradores, escritos de cuánto iba a costar la póliza, recortes de prensa”.

La exasesora ha contado que el convenio marco de 2001 entre Empleo e Idea, que establecía la fórmula de pago de los ERE, considerada “inadecuada” por la Intervención, era “muy simple, no era como una cosa jurídica sino una forma de trabajar”. “Era como un acuerdo de política de Gobierno. Una forma de acción de Gobierno ante situaciones de crisis”.

También ha dicho que había más compromisos de pago en los convenios que disponibilidad presupuestaria y eso provocaba en 2008 que "toda la deuda está vencida, de 300 millones quedaban 111 millones por pagar y eso generaba intereses por el incumplimiento de los plazos” con las aseguradoras.

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Este lunes también ha prestado declaración como testigo el exconsejero de Empleo Manuel Recio, que estuvo imputado en la causa hasta que se dictó auto de procesamiento para este juicio. Recio no tiene recuerdo de ningún informe de la Intervención referido a las subvenciones investigadas. Se enteró de la existencia de la partida 31L, con la que se pagaban los ERE, cuando la prensa contó que habían aparecido intrusos en el expediente de regulación de Empleo de Mercasevilla, en 2010. Tampoco supo nunca que las ayudas de los ERE se tramitaban en la consejería por personal no funcionario.

El juicio sigue mañana con la declaración de Rofa.