Los peritos afirman que el aval y la deuda del exalcalde fueron “simulados”

Alicante

Los dos peritos que el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. intentó que no comparecieran, lo han hecho finalmente en la tercera vista oral que se sigue contra él por tres delitos fiscales y cohecho impropio, para asegurar que éste sí incrementó su patrimonio, sin que fuera declarado.

Para estos dos inspectores, que le denunciaron por el presunto fraude a Hacienda de casi 700.000 euros, los ingresos del exalcalde no estaban "justificados". Fue una "simulación", aseguran, tanto la operación para saldar su primitiva deuda tributaria, con el aval millonario que recibió de Antonio Moreno, otro de los empresarios procesados, como la operación de compraventa del catamarán por 852.000 euros.

Aseguran los peritos que ninguna de estas operaciones de Díaz Alperi fueron "normales" o "razonables". En el caso del aval por valor de un millón 4.000 euros que le concedió el Taller de Contabilidad de Moreno, fue por diez veces sobre los ingresos que Díaz Alperi cobraba y, además, no se le pidió garantía alguna ni tampoco se pactaron intereses; algo que para los inspectores implica que no existió nunca intención de cobrar dicha deuda.

Solo tiempo después fue cuando se hizo un reconocimiento de esa deuda por medio de un pagaré, el que desapareció de la caja fuerte de Antonio Solana, su amigo y empresario, también procesado en esta causa. Y de los 942.000 euros que el exprimer edil debía, acabó aportando en cuatro años solo 62.000 euros

Por eso, concluyen los peritos que ese aval respondía a una contraprestación a cambio de algo que "no se ha podido objetivar", pero que desde luego "no fue una donación pura y simple"; algo que ha cuestionado la defensa...

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Tampoco ven "normal" los peritos la operación de compra del catamarán. Los pagos del barco se hicieron, han dicho, por parte de Antonio Solana en 3 pagos, dos de ellos, dicen, con fondos ocultos. Fueron pagos dobles a nombre de cada uno de ellos por cantidades de 37.500 euros, y luego de 25.000 y de 10.000 que Solana sacaba de la cuenta de su empresa Birmingham para pasarla a la de Andarx, firma inactiva que ambos compartían. Esta situación se repitió en posteriores ocasiones hasta 2010 y los peritos creen que con ella Díaz Alperi, que era el único que usaba el barco, perseguía ocultar beneficios con la deducción indebida de gastos fiscales.

Éste, recordamos, mantuvo en el interrogatorio de lunes que sus ingresos eran "diáfanos" y "conocidos por la Hacienda Pública". La Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman provisionalmente para él 9 años y 9 meses de cárcel por el supuesto fraude en sus declaraciones de renta de 2007, 2008 y 2010, así como por el amarre gratuito de su barco en un puerto deportivo.

Las declaraciones siguen este miércoles con la de diversos testigos, entre ellos Sonia Alegría, la que fuera delegada de Presidencia en el mandado de Díaz Alperi.