La AFA se manifiesta contra la falta de compromiso contra la violencia machista
Ha convocado este miércoles una concentración por el incumplimiento del Gobierno en los Presupuestos de 2018
Detalle dle cartel que anuncia esta concetración / AFA
Aranda de Duero
La Asamblea Feminista de Aranda vuelve a salir esta semana a la calle, esta vez para protestar contra el incumplimiento del Pacto contra la Violencia de Género en los Presupuestos Generales de este año.
La Plaza Mayor acogerá a las ocho de la tarde de este miércoles 16 de mayo una concentración convocada por este colectivo, que y anima a toda la sociedad de Aranda y la comarca a participar en ella.
Con esta cita, que cuenta con el apoyo de varios sindicatos y de IU, se suma a la movilización convocada en muchas ciudades del territorio español para denunciar que “sin los 200 millones de euros anuales prometidos (el 0,04% del Presupuesto del Estado) por la ministra de ‘igualdad’ Dolors Monserrat no se puede cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esos 200 millones que, aun siendo insuficientes, servirían para responder a parte de las 213 medidas del Pacto”, dice en un comunicado.
Aclara también que la protesta no es porque no es que no haya dinero, sino porque las prioridades del gobierno son otras, como aumentar el presupuesto de defensa en 819 millones (10,7% más que en 2017) o seguir financiando rescates de bancos y autopistas, y no la dignidad de las vidas del 51% de la población.
Mientras la Medida 207 del Pacto dice que los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros y 100 más a las Comunidades Autónomas, específicamente para medidas de Violencia de Género, el Proyecto de PGE 2018 presentado ‘ordena’, sin tener competencia para ello, a los 8.000 ayuntamientos y las 17 comunidades autónomas que los saquen de su sistema general de financiación. La Asamblea Feminista de Aranda considera que este recorte del 60% del presupuesto pactado afecta a la prevención en centros educativos y de salud, de competencia autonómica, y a la atención primaria o de proximidad a las mujeres y sus hijas e hijos y además aborta la aplicación del Convenio de Estambul, que exige reforzar la atención social y policial sin supeditarla a la presentación de denuncia judicial, y extender la prevención y la protección a la violencia fuera de la pareja.
