Los accidentes laborales suben un 7% en Castilla y León
La CGT habla de presunto trato de favor en el reparto de las subvenciones en materia de riesgos laborales
Trabajadores de la Factoría Tvitec ubicada en el polígono de Cubillos del Sil (León) / ICAL
Valladolid
En el día de la Seguridad y la Salud Laboral los sindicatos hablan de un incremento del 7% en los accidentes laborales con baja acumulados en el primer trimestre de 2018. Una jornada que es aprovechada por algunos sindicatos como la Confederación General del Trabajo, para denunciar lo que consideran un presunto trato de favor a determinados sindicatos y a la patronal en el reparto de las subvenciones públicas para cumplir la Ley de prevención de riesgos laborales.
La citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), dice “existirá una fundación cuya finalidad será promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo”. Para dar cumplimiento a este objetivo, La Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales fue creada en el año 1999. En el principal órgano de esta fundación, que es el Patronato, están representadas las Administraciones Central y Autonómicas y las organizaciones empresariales (CEOE-CEPYME) y sindicales (UGT y CCOO). Estas Organizaciones empresariales y sindicales, hasta septiembre de 2015 tenían mayoría en dicho Patronato.
El Tribunal de Cuentas en el ejercicio 2015 (Informe 1232) realizó una fiscalización las subvenciones concedidas a través de esta fundación, en el que según Patricia Rodríguez, portavoz de CGT se “comprueba que la Fundación ha actuado de manera presuntamente ilegal, con el silencio cómplice de las distintas Administraciones Central y Autonómicas, salvo la CA del País Vasco que recurrió a la justicia las convocatorias 2008-2013 y condeno a la Fundación al pago de 970.422.70 €, por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”
En el mencionado Informe de fiscalización, se señala que “se han vulnerado los principios de gestión de: a) publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; b) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante (la Fundación); y c) eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, recogidos en la Ley 38/2003 General de Subvenciones (LGS)”
Este Informe de Fiscalización se deja claro a juicio de CGT que “la principal irregularidad, de estas subvenciones, es el baremo de valoración, donde en la mayoría de los casos no se ajustaban a todos los principios de gestión anteriores, y también se señala que este baremo está diseñado para que tengan acceso a la financiación de las acciones, las asociaciones empresariales y las dos organizaciones sindicales mayoritarias (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO)
El reparto de las subvenciones, según señala Patricia Rodríguez, “presuntamente se ha pactado, dado que las organizaciones empresariales y sindicales son juez y parte en esa Fundación. Esto queda reflejado al comprobar que los porcentajes de los fondos son similares, en las distintas organizaciones, tanto a nivel nacional como autonómico”. CGT considera que esta situación ha provocado la falta de eficiencia y eficiencia en la prevención de riesgos laborales de los trabajadores de España y de Castilla y León.
