Los jueces y fiscales de Baleares no descartan ir a la huelga si el Ministerio no atiende sus reivindicaciones
Piden una mejora de condiciones laborales y mayor independencia
Cadena SER
PALMA
Los jueces y fiscales de Baleares no descartan ir a la huelga si el Ministerio no atiende sus reivindicaciones de mejora de condiciones laborales e independencia judicial. Los portavoces de tres asociaciones de jueces y dos de fiscales han comparecido en Palma para desgranar las exigencias que han formulado al Ministerio, que pasan por el refuerzo de la independencia judicial, la recuperación de los derechos laborales perdidos durante la crisis y la modernización del sistema con un plan de inversión.
Siete asociaciones de jueces y fiscales a nivel nacional han pactado un documento de reclamaciones que ha sido remitido al Ministerio. Por el momento, el calendario de movilizaciones marca una gran concentración de jueces y fiscales en Madrid en las próximas semanas y, a partir de ahí, paros de una hora todos los jueves al mediodía. Medio centenar de magistrados y fiscales de las islas se han concentrado este mediodía a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de las islas.
Catalina Martorell, de Jueces por la Democracia que ha hablado como portavoz de las cinco asociaciones de las islas, ha explicado que uno de los puntos de la reivindicación es el fomento de la independencia. Para ello, exigen que el Gobierno deje de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y los parlamentos autonómicos a los magistrados. Creen necesario que sean designados desde la propia carrera judicial.
Las asociaciones están preocupadas también por la falta de medios y el fracaso del llamado expediente digital, herramienta que se pretende implantar para terminar con el papel y agilizar los tramites pero que en la práctica el sistema no está preparado para asumir, según denuncian. Martorell también explica que reclaman la devolución de los derechos laborales y salariales que perdieron durante la crisis.
La reivindicaciones han sido asumidas por 1.200 juntas de jueces de toda España y por 3.500 magistrados a título individual.
