Javier Guerrero "trabajaba con libertad y discrecionalidad"

Sevilla

Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo de la Junta, ha mantenido ante distintas preguntas del fiscal que las ayudas investigadas son subvenciones excepcionales; y por ese motivo su consejería no elaboró una “norma específica con los requisitos” que debían cumplir los trabajadores o empresarios andaluces para acogerse a ellas. Fernández ha insistido en que nunca dio órdenes ni instrucciones al exdirector de Trabajo, Javier Guerrero, para que otorgara ninguna subvención con cargo al programa “que era conocido coloquialmente como el de Javier Guerrero”, el 31 L, según ha reconocido Fernández. “El director general trabajaba con libertad y discrecionalidad. Yo no controlaba el tema de los dineros”, ha terminado señalando.

“La filosofía de la 31 L está vinculada con una crisis colectiva. Con carácter general para personas que perdían su empleo o estaban en proceso de reconversión industrial o que tuvieran dificultades para reciclarse por su edad”, ha declarado.

El acusado imaginaba que cada ayuda tendría toda la documentación necesaria y requerida cuando se trataba de una subvención excepcional. Aunque él desconoce qué documentos había que requerir en cada caso. Tampoco ordenó nunca a Guerrero que destinara dinero de la partida de los ERE a campañas de publicidad o a pagar la minuta de algún despacho de abogados. Nunca supo tampoco que con la 31 L el director general concediera ayudas para personas que “estaban al margen de un proceso de reestructuración o reconversión”. Ni nadie le informó de que se habían dado subvenciones vitalicias. “La finalidad del programa no era ese”, ha puntualizado.

“Nunca he recibido peticiones de empresarios sobre compromisos asumidos por el director general y nunca he recibido escritos reclamando ayudas, aunque toda regla tiene su excepción”, ha señalado. De ahí que aparezca en la instrucción alguna petición a él o respuesta suya en alguno de los conflictos laborales.

El exconsejero ha repetido que “existía cuerpo normativo suficiente y habilitante que acogía las ayudas”, que aparecían en las leyes de presupuestos y en la orden ministerial de 1.995. Y ha explicado que las centrales sindicales eran quienes gestionaban y solicitaban estas ayudas y que los afectados por una crisis tenían como interlocutor al comité de empresa; y los empresarios a las asociaciones de empresarios.

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Fernández ha declarado que eran los trabajadores, como beneficiarios, los que elegían la aseguradora que cada mes le pagaba la prima y ha negado conocer al dueño de una de ellas, a José González Mata, de Uniter, aunque fuera de Jerez, como él. Vitalia y Uniter fueron las dos únicas compañías que recibieron dinero de la Junta por tramitar los expedientes.

El encausado ha detallado que la indemnización al trabajador como ayuda individual, que pagaba la Junta, incluía la renta mensual que recibía más el coste de la cuota a la seguridad social, “que era sobre el 20 %”, una cantidad que abonaba la compañía aseguradora en nombre del trabajador. “Así se han abonado 200 millones, a la Seguridad Social. No todo el dinero de los 721 millones pagados a través de la partida 31 L fueron para las aseguradoras”, ha dicho.

A preguntas del fiscal, Fernández ha explicado que el presidente de la Junta tenía conocimiento general de los conflicto laborales que había en Andalucía. En las reuniones que tuvo en San Telmo con representantes sindicales para hablar de empresa como la malagueña A Novo "se le expone la problemática pero no se concreta una actuación. Con el presidente de la Junta no se cierran compromisos", ha contado. Y también ha contextualizado que el Gobierno andaluz ante una crisis "reflexionaba y trataba de hacer políticas de amortiguación".

Fernández seguirá declarando la semana que viene. Se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por los supuestos delitos de malversación y prevaricación.