Miquel Nadal vuelve al banquillo en una vista previa por el caso Minser
La fiscalía reclama 6 años de cárcel por tres delitos y una responsabilidad civil de 60.000 euros para los cuatro acusados
Agencias
Palma de Mallorca
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra este martes a partir de la una del mediodía una vista previa por el caso Minser, que afecta a exaltos cargos de Unió Mallorquina. En el banquillo se sientan el que fuera presidente de la formación regionalista, Miquel Nadal, la que fuera su secretaria técnica, Eugenia Cañellas, el exjefe de servicios de Presidencia del Consell de Mallorca y dos empresarios. Se les acusa de los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración y malversación por los que la fiscalía pide penas de entre dos y seis años de cárcel, así como una responsabilidad civil conjunta de 60.000 euros.
Según el escrito de acusación de la fiscalía, los acusados idearon, planificaron y desarrollaron una serie de acciones guiadas por el ánimo de lucro. El plan consistía en la adjudicación a los empresarios con los que se habían concertado de contratos públicos que eran una mera ficción, según la acusación, y que solo tenían el objetivo de sustraer fondos públicos para utilizarlos con fines partidistas. Los particulares, a cambio, eran retribuidos con contratos públicos después.
La idea que ejecutaron, según la fiscalía, era la de beneficiar al partido y a la figura de Miquel Nadal. Para ello el líder regionalista se concertó con dos empresarios a los que hizo adjudicatarios de dos contratos públicos por valor de 30.000 euros cada uno. Las cantidades fueron utilizadas por los empresarios para contratar a través de sus sociedades a personal que realizaba servicios para el partido o que eran dados de alta sin tener funciones y trabajo real y cuyo sueldo se entregaba a UM.
La fiscalía señala a la exsecretaria técnica como la encargada de definir a las personas que debían ser contratadas y de redactar los pliegos de los expedientes. Mientras, al jefe de servicios de Presidencia de la Institución Insular le atribuye la firma de los documentos que eran necesarios para que pudieran llevarse a cabo los expedientes de contratación. Con su conducta, según el ministerio público, los acusados consiguieron que 60.000 euros de fondos públicos fueran desviados para beneficio privado a UM, lo que también suponía un beneficio particular de los cargos políticos que veían reforzada su posición en el partido.
La fiscalía considera que de esta manera se consiguió financiar las actividades electorales de UM con fondos públicos de manera irregular, mientras que los empresarios como contrapartida se vieron beneficiados económicamente con contratos públicos a posteriori.
