Fiscalía pide retirar presunta pornografía infantil en el caso del fotógrafo
El escrito del Ministerio Público precisa que aún se encuentran "pendientes de retirar una serie de vídeos debido a dificultades técnicas"
En el texto se indica que se ha ido acordando la retirada del material del que se tenía constancia, lo que se ha llevado a cabo con la práctica totalidad. / Pixabay
San Sebastián
El fiscal ha pedido al juzgado que instruye el caso del fotógrafo donostiarra investigado por presuntos abusos sexuales a modelos que acuerde la retirada de internet de una serie de vídeos de presunta pornografía infantil que habrían sido elaborados cuando una de las denunciantes aún era supuestamente menor de edad.
Según indica la Fiscalía General del Estado en una nota de prensa hecha pública hoy, desde el inicio de esta causa "se ha ido acordando la retirada del material del que se tenía constancia, lo que se ha llevado a cabo con la práctica totalidad" de las imágenes y vídeos.
El escrito del Ministerio Público precisa que, no obstante, aún se encuentran "pendientes de retirar una serie de vídeos debido a dificultades técnicas" ya que se encuentran alojados "en servidores fuera de territorio nacional".
"A pesar de esta circunstancia -aclara el texto-, el pasado jueves se procedió por la Fiscalía de Gipuzkoa a solicitar al Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián la retirada de los mismos".
"La protección de las víctimas, y más en el supuesto de ser menores, es un deber del Ministerio Fiscal en cuyo cumplimiento están trabajando todos los fiscales implicados con verdadera dedicación para poder resarcir el daño y recuperar a quien tiene un futuro por delante", añade la Fiscalía
Tras recibir esta petición del Ministerio Público, cursada después de que el abogado de las víctimas diera a conocer públicamente la supuesta existencia de este material, el Juzgado de Instrucción número 4 ha emitido un auto en el que, entre otras cuestiones, dispone, con "carácter de urgencia", que la Unidad de Delitos en Tecnologías de la Información de la Ertzaintza estudie los citados "enlaces URL" y determine si las imágenes alojadas en ellas "siguen vigentes a día de hoy" y pertenecen a una de las nueve presuntas víctimas actuantes en esta causa.
El texto judicial, al que hoy ha tenido acceso EFE, solicita además a la Policía Autonómica que establezca si se trata de fotografías o vídeos "indiciariamente realizados" cuando esta persona era menor de edad.
"Una vez hechas las comprobaciones oportunas -prosigue el auto-, se deberá proceder a realizar la inspección y descarga de las URL, de forma documentada y con las garantías necesarias para dejar constancia del procedimiento empleado, así como la aplicación de sellos de tiempo y firma electrónica para garantizar su autenticidad y proceder a su remisión en el más breve plazo posible al juzgado".
El auto, notificado ayer, aclara que, a tenor del resultado de estas indagaciones "se acordará lo procedente" sobre la eventual retirada de este material solicitada por la Fiscalía.
El Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián mantiene abierta desde el año 2013 una investigación penal contra un fotógrafo donostiarra por presuntos delitos contra la libertad sexual y la intimidad, violación, abuso sexual, estafa, delitos contra el honor, injurias, descubrimiento de secretos, amenazas y asistencia a espectáculos exhibicionistas o pornográficos.
Según han explicado a EFE fuentes del caso, en la causa se encuentran personadas nueve mujeres, dos de las cuales presuntamente eran menores de edad cuando se iniciaron los hechos que, en su conjunto, habrían ocurrido entre la década de los 90 y el año 2013, fecha en la que se presentó la primera querella en los tribunales y a la que posteriormente se sumaron el resto.
Las citadas fuentes han precisado que a lo largo de la instrucción, de la que se han desgajado varias causas, en una decena de ocasiones se ha solicitado el ingreso en prisión provisional del acusado que hasta el momento ha eludido su ingreso en prisión, aunque ha depositado una fianza de 400.000 euros en avales, que supondrían una cautela "para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de esta causa".
Por otra parte, la jueza del caso también solicitó a las querellantes que "de forma solidaria" presentaran una caución de 3.000 euros "para responder de los posibles perjuicios sufridos" por el fotógrafo en caso de que finalmente la necesidad de la fianza civil decayera.
Las citadas fuentes han concretado que el final de la instrucción de este está próxima a su conclusión ya que, en principio, tan sólo resta la práctica de una diligencia pericial consistente en el volcado con las garantías debidas de todas las imágenes incautadas en los dos registros realizados en el domicilio del investigado.
