Más del 35% de las sanciones por ruido a locales de ocio prescriben sin cobrarse
Así lo asegura un informe del Síndic de Greuges sobre las molestias del ocio nocturno en Valencia, y apunta a la Generalitat como responsable de esta "situación de impunidad"
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Imagen de archivo de la calle Ribera / Cadena SER
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Valencia
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, considera "inadmisible" que el 35 por ciento de las denuncias más graves de locales de ocio hayan prescrito durante los últimos tres años. Se genera una situación de impunidad injustificable" y ha señalado que "el infractor no tiene interés en cumplir la ley porque, sencillamente, no pasa nada".
Cholbi ha hecho pública la resolución de una investigación de oficio sobre contaminación acústica en la ciudad de València en la que analiza "de forma pormenorizada" los principales problemas de la capital valenciana respecto al botellón, el ocio nocturno y la colocación de terrazas --mesas y sillas-- en la vía pública.
Así, ha detallado que de este estudio "se desprende que entre un 30 y un 40 por ciento de las infracciones graves o muy graves de locales de ocio en València prescriben o han prescrito durante los últimos tres años", al tiempo que ha indicado que "de acuerdo con la legislación vigente, sería la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat la competente para sancionar este tipo de infracción --grave o muy grave--".
Sin embargo, alerta que la falta de medios autonómicos para tramitar los expedientes "está provocando la prescripción de un alto porcentaje de infracciones", lo que genera "una situación de impunidad injustificable que agrava todavía más la contaminación acústica existente".
Para evitar que sigan prescribiendo estas infracciones, propone atribuir la competencia sancionadora a los ayuntamientos, como reclama València desde hace años y que considera que "podría ser viable al menos en los municipios de gran población".
La propuesta alternativa sería incrementar "notablemente los medios económicos, técnicos y personales de la Administración autonómica para poder llevar a cabo esta labor de forma eficaz".
En su análisis, señala que la proliferación de mesas y sillas en la vía pública es tan elevada que los vecinos no solo se quejan de las molestias acústicas de las terrazas hasta altas horas de la madrugada, sino que hay zonas donde apenas se puede andar.