Penas de cárcel para los administradores de Garbaprom por un delito de estafa
La promotora de León gravó con una hipoteca los pisos que había permutado por un solar libre de cargas
La sociedad Garbaprom ha desaparecido / cadena ser
Ponferrada
El juzgado de lo Penal de Ponferrada condena a penas de cárcel por un delito continuado de “estafa impropia” a los administradores de una promotora inmobiliaria Garbaprom que incumplieron su acuerdo de entregar cuatro viviendas y sus correspondientes garajes y trasteros a los propietarios del solar en el que levantaron un edificio para construir 86 viviendas en la calle La Cemba, de Ponferrada.
Los aparentes dueños de esos cuatro pisos y anexos, han tenido que pagarlos no sólo con el solar sino con dinero contante y sonante, porque la promotora había hipotecado todo el edificio debido a que entró en concurso de acreedores. No se trata por tanto de un simple hecho de responsabilidad contractual sino de un delito de estafa puesto que la permuta se hizo “como libre de cargas” y sin embargo sobre ella pesaba un gravamen( la hipoteca), siendo esta circunstancia conocida por el autor criminal y ocultada a la víctima. Es más, existe ánimo de lucro en el autor y perjuicio para la víctima.
Ante esto, el Magistrado de lo Penal les impone una condena de 2 años y 36 meses de cárcel respectivamente a Juan José García Rodríguez y a Juan José Barrantes Galán, propietarios de Garbaprom S.L., al considerar probado que han sido culpables del delito continuado de estafa del que les acusaban los hermanos Vuelta Merayo, a los que además tendrán que indemnizar con 115.000 euros por los perjuicios causados.
El juez también da por probado que el acusado Juan José Barrantes es el principal responsable de la operación con la que no sólo cerró la permuta del solar con los denunciantes sino que también fue el que firmó la escritura con la que gravó con hipoteca los pisos asignados a ellos. Era además del causante de la “doble venta” el que se dirigía a los denunciantes para engañarles con excusas sobre la situación en la que en ningún momento se les informó de la hipoteca, lo que añade el carácter “doloso” de la acción al silenciar voluntariamente la existencia de la carga del bien objeto del contrato.
Dos de las viviendas les fueron entregadas gracias a que un tercer socio asumió, desde otra sociedad, la mitad del acuerdo que le correspondía, las otras dos tuvieron que pagarlas para evitar que Caja Duero ejecutase el procedimiento de ejecución hipotecaria.
La sentencia contempla también la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Pero además, el propio Magistrado ha confirmado a estos micrófonos que esta sentencia ha destapado un tipo de estafa que está empezando a asomar en los procedimientos judiciales que arrancaron con la crisis del ladrillo y que se ha constatado que se convirtieron en un juego empresarial que pretendía desaparecer con la liquidación de las sociedades.
