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Nueva reunión con representantes del ministerio de Medio Ambiente con el asunto de la depuradora. En el capítulo anterior, se indicó que era el Ayuntamiento de Soria el que tenía que pagar el 65% de cualquiera de las dos posibilidades. La primera, construir una nueva depuradora en la zona de Sinovas (Los Rábanos), lo que costaría 50 millones de euros, es decir, 32,5 millones a pagar entre todos los sorianos. La segunda opción, remodelar la actual, algo que supondría un coste de 30 millones de euros. También se habló de una tercera opción, con mucho menos calado, como era parchear la actual infraestructura con un presupuesto de 10 a 15 millones de euros.

La pregunta que nos hacíamos entonces no era otra que si el alcalde debió aceptar en 2002 la oferta del 20% a pagar por el Ayuntamiento de Soria, con la condición de abonar también de las arcas municipales todo lo que no se llegara a ejecutar. ¿Estaban justificadas sus reticencias para firmar esa adenda?

Por otra parte, ¿Es el Ayuntamiento la única administración que tiene competencia sobre el tema de aguas residuales? ¿No es el Estado el competente si se trata de aprovechamientos hidráulicos que discurran por más de una Comunidad Autónoma?

La Ley dice que si una EDAR (estación depuradora de aguas residuales) tiene una función supramunicipal, automáticamente la responsabilidad de ejecutarla pasa a ser autonómica. La Comunidad de Castilla y León no ha legislado en materia de aguas, por lo que se tiene que aplicar la legislación sectorial dictada por el Estado.

El artículo 124 de la LAg... dice que "son competencia de la Administración general del Estado las obras hidráulicas de interés general. La gestión de estas obras podrá realizarse directamente por los órganos competentes del Ministerio de Medio Ambiente o a través de las Confederaciones Hidrográficas.

Pues bien, la ley de 26/2009 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, declaró en su disposición adicional vigésimo octava, de interés general las obras de "ampliación y mejora o nueva EDAR de Soria. De igual forma, el 2 de febrero de 2010 se suscribió el protocolo general de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Castilla y León.

Luego vienen los agravios comparativos. Dos ejemplos de depuradoras de interés general como es el caso de Cáceres, en la que el 80 por ciento lo costea el Ministerio y el 20 por ciento restante, la Junta de Extremadura. El otro ejemplo podría ser Nejar (Málaga). En este es el Ministerio de Medio Ambiente quien la paga al 100%. Lo mismo o parecido sucede con Estepona (Málaga) y Plasencia (Cáceres).

Por tanto, si queda claro que estamos hablando de una obra de interés general, sin tener en cuenta los agravios comparativos, ¿Por qué nos ningunean de esta forma tan descarada? Además, ¿No estamos a vueltas con el tema de la despoblación y las ayudas para territorios como Soria? ¿No vino a visitar la provincia una delegación del Senado de este país hace cuatro días para comprobar "in situ" la situación de Soria? La última pregunta: ¿Para qué vienen?

 

 
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