"Nos piden un dinero que ahora no tenemos"

Lorca

Lo que más temen cientos de vecinos de Lorca desde hace unos meses es tener que devolver las ayudas públicas que recibieron tras los terremotos de 2011 y que ahora deben justificar, a punto de cumplirse siete años de la catástrofe. "Nos piden un dinero que no tenemos", dice Raquel, que recibió 9.000 euros para reparar el piso en el que vive junto a su marido. Los dos son pensionistas: "Las justificaciones las tengo aquí -dice enseñando la bolsa de plástico con todos los papeles, facturas, cartas y expedientes que la acompañan-. Lo que no tengo es el dinero".

La Consejería de Presidencia y Fomento ha enviado desde la pasada primavera varias remesas de cartas para pedir que justifiquen esas ayudas y en diferentes ocasiones han recordado que es un trámite legal, al tiempo que buscan con el Ayuntamiento de Lorca una fórmula para agilizar estos trámites.

Sin embargo, los afectados se refieren a la preocupación, al caos administrativo y a la burocracia a la que se tienen que enfrentar de nuevo, dilantado un proceso que no termina de resolverse, que les quita el sueño y que, dicen algunos, también les está costando la salud.

Estas ayudas sirvieron para atender aquellos vecinos que no tenían seguro para reparar sus viviendas, o a aquellos a los que la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros no ayudaba a cubrir el total de la obra. "No se nos explicó suficientemente las condiciones en las que se concedían esas ayudas, es indignante", se queja Francisco Javier, que debe justificar una ayuda de 4.000 euros porque ahora la Comunidad Autónoma sostiene que recibió más dinero del que le correspondía para reparar unos daños que, según este vecino, fueron tasados "a la baja".

Otros vecinos como Manuel ya tienen abierto un expediente de reintegro para que devuelvan cantidades que llegan a los 15.000 euros, a lo que habría que añadir otros 3.000 euros en concepto de intereses. "Están dando palos de ciego, hay mucha incompetencia", lamenta este lorquino que nos enseña toda la documentación con la que defiende que ya justificó en 2012 unas obras de un coste superior al dinero que recibió y que ahora le reclaman.

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Como Manuel y como la inmensa mayoría de estos afectados, María Isabel Arcas pide que se archive su expediente porque considera que ha prescrito. "Habíamos presentado toda la documentación y esto es volver a revivirlo todo, no podemos pasar página", dice al tiempo que se queja de que muchas de las alegaciones que han presentado siguen sin recibir respuesta.

Unos dicen que realizaron la justificación a tiempo, otros que no se la pidieron y también hay muchos que aseguran que es imposible a día de hoy conseguir la documentación que les requiere la Comunidad Autónoma. Por eso, piden que igual que fueron técnicos de la administración los que evaluaron los daños para conceder las ayudas, que sean de nuevo sus informes los que sirvan de justificación. "Si va un técnico verá que he pintado, que ha tenido que ir un fontanero y que ha estado también un electricista", asegura Ginesa, otra de las afectadas con las que ha hablado Radio Lorca-Cadena SER.

Han organizado una plataforma de afectados a través de la cual están recibiendo asesoramiento legal para sus reclamaciones. Frente a las acusaciones de politización de esta plataforma, que cuenta para ese asesoramiento con el grupo municipal de IU-V, responden tajantes estos vecinos que ellos "se agarran a quien quiere ayudarles".

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La "solución política"

El Ayuntamiento de Lorca ha confirmado que esta semana comenzarán las inspecciones que realizarán técnicos de la Oficina del Terremoto, dependiente de la Concejalía de Urbanismo, para que estos vecinos puedan justificar esas ayudas. Se espera que sean unas 500: "Desde las administraciones se tiene que facilitar al máximo la consecución positiva de este tipo de procesos", apunta el alcalde, Fulgencio Gil, quien apelaba al trabajo conjunto con la Consejería de Presidencia y Fomento.

El titular de esta cartera, Pedro Rivera, decía sobre esta nueva fase del trabajo administrativo que "se espera que los informes sirvan de complemento para justificar que todo aquello que se ha ejecutado por parte de los vecinos en sus casas tiene relación con el dinero para el que se concedieron las ayudas". "Seguimos del lado de los vecinos", añade.

Esta problemática ha centrado durante estos meses también el debate político en Lorca. El portavoz de IU-V consistorio, Pedro Sosa, ha lamentado en otras ocasiones la "pobre gestión" por parte del Ayuntamiento, lo que hace que desde su partido hayan asesorado a buen número de afectados en sus alegaciones. Son unas 230 las que han tramitado. Según Gloria Martín, concejala de este mismo partido, "puedo decir tranquilamente que el 80% de ellas están prescritas".

Desde el equipo de Gobierno del PP, por el contrario, apelan a los vecinos para que sólo se dejen asesosar por los servicios técnicos y por los encargados de esta atención en la Oficina del Terremoto. Este servicio ha duplicado su horario y personal en los últimos días, según fuentes municipales, pasando de cuatro a trece trabajadores.