Zarrías "no ha dictado ni una resolución sobre los ERE"

Sevilla

Gaspar Zarrías, el que fue consejero y vicepresidente de la Junta, ha presentado su escrito de defensa en la pieza política del caso de los ERE, que lo sentará en el banquillo a no ser que la Audiencia acepte su recurso. Zarrías repite que "no ha dictado ni una resolución sobre los ERE, ni a favor de los trabajadores ni de las empresas" y solicita su absolución. Está procesado por supuesta prevaricación administrativa, por supuestamente dictar resoluciones injustas a sabiendas.

Su defensa alega que la Junta podía conceder ayudas socio-laborales y recuerda que la Intervención nunca advirtió que existiera riesgo de menoscabo de fondos públicos al usar la figura de las transferencias de financiación, que se incluían en las leyes de presupuestos, para pagar esas subvenciones. Así que termina preguntándose: ¿En virtud de qué ciencia Zarrías iba a ser consciente de que se cometía un delito?

El escrito comienza diciendo que Zarrías está acusado por ser miembro del Consejo de Gobierno y ser corresponsable de sus decisiones, no por haber sido vicepresidente o consejero. Explica que las modificaciones presupuestarias que se realizaron para inflar la partida con la que se pagaban los ERE no son en sí "una resolución" porque no alteran el importe de los fondos públicos. Por tanto, no ha podido dictar resoluciones injustas, que es lo que contempla el delito de prevaricación. Además, afirma que las modificaciones eran rutinarias, contaban con el dictamen favorable de la Intervención de la Junta y se daba cuenta de ellas a la mesa del Parlamento.

Argumenta también la defensa de Zarrías que considerar delictivo elevar un proyecto de ley de presupuestos, donde se incluían las transferencias de financiación que las acusaciones consideran ilegales, "es imposible de comprender"; porque una ley no aprobada no existe. La ley de presupuestos la aprobaba cada año el Parlamento Andaluz, recuerda. Y nunca advirtió "anomalías". Por tanto, la resolución supuestamente ilegal sería la Ley no el proyecto de ley que el Consejo de Gobierno llevaba a la Cámara andaluza.

Zarrías señala que si rechazó los decretos para regular las ayudas de los ERE que le presentó Empleo varias veces, en la reunión de viceconsejeros que él presidía, sería porque las distintas versiones "no serían compatibles con los informes técnicos" necesarios.

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El exvicepresidente de la Junta arremete contra los peritos nombrados por la Intervención, que han eleborado el informe en el que se basan las acusaciones. Dice que fueron elegidos por el interventor general, nombrado a su vez por el Pp.

Entre las pruebas que solicita, para practicar en el juicio, se encuentran las declaraciones como testigos de los expresidentes del Parlamento andaluz Manuel Gracia, Javier Torres Vela y Fuensanta Coves. También la del exconsejero de obras públicas, García Garrido o la del actual presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y la del expresidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas. 

Gaspar Zarrías se enfrenta a los diez años de inhabilitación que le pide el fiscal por supuesta prevaricación administrativa, y a los dos años de cárcel que solicita para él el Partido Popular por asociación ilícita.