Diez años de luces y sombras
Los cambios de gobierno, tanto en Aragón como en España, han marcado cambios en la aplicación de esta ley, según el Observatorio de la Dependencia. El mínimo se registró en 2015, con tan solo 17.000 personas atendidas. El reto actual: aumentar el presupuesto y eliminar burocracia
Gustavo García, en una imagen de archivo en Radio Zaragoza / Cadena SER
Zaragoza
Estos 10 años de la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia han tenido claros y oscuros en Aragón y los puntos de inflexión han estado en los cambios de gobierno, tanto regionales como nacionales. No solo supone la atención de personas sino también la creación o la destrucción del empleo durante todo este periodo. Lo dicen desde el Observatorio de la Dependencia.
Actualmente, hay 13.000 personas en Aragón que están ya evaluadas, con el derecho de la prestación reconocido pero a la espera de recibirlo. Pero ha habido momentos peores. En el año 2010 en Aragón "se estaban atendiendo casi 25.000 personas en el sistema de atención a la dependencia", enumera Gustavo García, que ha estado la frente de la Casa Amparo de Zaragoza.
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Sin embargo, "cinco años después, en 2015, se llegó al mínimo, con poco más de 17.000 personas, es decir, estamos hablando de casi 8.000 personas menos; fue una etapa durísima". Actualmente, "hemos recuperado casi 3.000 y estamos por encima de las 20.000 personas atendidas y la tendencia al alza sigue pero a este ritmo vamos a tardar 6 años en ponernos al día".
El Observatorio ha contabilizado durante esta década 125.000 personas que en España han fallecido mientras esperaban las prestaciones y con derechos a ellas reconocidos. Se está incumpliendo la ley. Tras el rescate a las autopistas deficitarias, las críticas son duras: "Que nadie nos diga que no hay dinero para atender a 355.000 personas en toda España, de ellas, 13.000 en Aragón, que la ley también obliga y, si no lo cumples, eres un insumiso", incide Gustavo García.
En Aragón ha habido un cambio de actitud en el gobierno, en las Cortes y en las entidades sociales, en un sistema que tiene otras fortalezas, como algunos cambios administrativos que se han implantado o el aumento del presupuesto que, a su vez, es una debilidad, porque no es suficiente.
El papeleo supone, además, un quebradero de cabeza. "Los procedimientos están para garantizar la igualdad, la equidad, que no haya discriminación pero cuando eso se convierte en una traba de tales características que para reconocer a alguien una ayuda de 600 euros al mes, por ejemplo, para una plaza residencial o la ayuda a domicilio, le hacen un procedimiento como si se fuera a contratar una ayuda pública; es una barbaridad", señala García.
Por eso, simplificar los trámites, al igual que otras comunidades autónomas como Castilla y Leon, es uno de los caminos que habría que emprender de forma inmediata.
García señala otra piedra en el camino, en este caso, en La Moncloa y que repercute negativamente en las comunidades autónomas. Con recuperar el recorte que llevó a cabo el gobierno central en 2012, Aragón dispondría de 15 millones de euros más anuales, lo que supondría, según datos del Observatorio de la Dependencia, 1.800 personas más atendidas, y la creación de 500 puestos de trabajo.
