Diez años de la Ley de Dependencia, diez años de dificultades

Toledo

Una década después de su nacimiento, la conclusión está clara: la Ley de Dependencia tiene que reformularse. Le pone voz el gerente del CERMI, Jose Antonio Romero

Ya se solicitó en su día al ministro Pedro Solbes que esta normativa estuviera vinculada a la Seguridad Social como una prestación garantizada, y el paso del tiempo ha demostrado que el Estado tiene que aportar más dinero a las comunidades autónomas que la aplican y que sufragan más del sesenta por ciento de la financiación.

Hace falta dinero. El grave problema de esta ambiciosa legislación fue coincidir con la crisis económica. Su desarrollo en los años 2013 y 2014 chocó con la era de mayores recortes presupuestarios.

Asociaciones de personas con discapacidad echan en falta ayudas para la emancipación de las personas dependientes. Un dato muy revelador es que en Castilla-La Mancha, en todo este tiempo, solo se han concedido 10 prestaciones de asistente personal. Porque la falta de presupuesto y el paso del tiempo han hecho que la Ley de Dependencia se dejara por el camino "la promoción de la autonomía personal". De hecho, nadie la reconoce así.

Uno de los grandes caballos de batalla de los beneficiarios es la prestación del cuidador familiar, prohibidas durante la legislatura Cospedal, según la Plataforma Regional de la Dependencia, y actualmente concedidos con cuenta gotas. Su presidenta, Aurelia Jeréz, señala también a los perjudicados por el copago de los servicios

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La Plataforma aplaude las mejoras introducidas por el gobierno socialista para una tramitación más rápida en la concesión de prestaciones asistenciales y da la bienvenida a la anunciada atención temprana para menores de entre 3 y 6 años reconocida como prestación fuera de la escuela.

26.000 expedientes afectados por la nulidad de la Orden Cospedal 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló la legislación de dependencia de Cospedal y consecuencia de la aplicación de una norma tumbada jurídicamente por una cuestión de forma, dejó afectados 26.000 expedientes, según el único dato conocido ofrecido por la Plataforma. Sus reclamaciones -asegura Aurelia Jeréz- se han quedado en un limbo. 

Y si hay algo que los colectivos presuntamente beneficiados han echado de menos es... diálogo, es decir, en su significado estricto, "Discusión sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución".