"Al alcalde de Cádiz no le queda otra alternativa que marcharse"

Cádiz

El grupo municipal del PP ha pedido la dimisión del alcalde de Cádiz, José María González, de Podemos, después de que la Fiscalía haya archivado las diligencias abiertas por un episodio de contaminación de agua en el barrio de Loreto en 2014. En un comunicado, el PP asegura que el actual gobierno municipal ha intentado, sin éxito, “la muerte social” de la exalcaldesa, Teófila Martínez, y el resto de ediles populares, por lo que no van a perdonar “que intentaran atentar contra nuestra dignidad como personas”.

El portavoz del PP asegura que el alcalde, su jefe de gabinete y el concejal de Medio Ambiente y actual presidente de Aguas de Cádiz acusaron al anterior gobierno municipal del PP de “dar agua contaminada a sabiendas”. En su opinión, “eso es la imputación de un delito gravísimo y algo miserable”, de ahí, que, previa destitución del jefe de alcaldía y del edil de Medio Ambiente, a José María González “no le queda otra alternativa que marcharse por acusarnos de algo horrible que ellos se inventaron”.

La reacción del PP se produce después de que el Ministerio Público no haya encontrado “mala praxis” ni “ocultación de analíticas” en el estudio de varios informes, uno de ellos de los actuales gestores de la empresa municipal Aguas de Cádiz, después de que 13.000 vecinos de Cádiz pasaran 13 días sin agua por la presencia de una bacteria en la red pública de suministro.

“Felicito a todos los técnicos de Aguas de Cádiz que participaron en esa actuación porque lo han pasado muy mal y nuestra mayor alegría es que se haga justicia con ellos”, asegura el portavoz del PP, Ignacio Romaní. “Fue su celo el que posibilitó detectar el problema, y trabajaron noche y día para proteger a los vecinos”, añade, mientras lamenta que “tuvieran que ver un año después que un alcalde, su alcalde, les acusaba de algo tan horrible que ha sido muy duro para todos”.

El PP pedirá una reunión urgente de la comisión municipal de sostenibilidad para garantizar la restitución en sus puestos a los técnicos apartados “de manera sectaria” por el equipo de gobierno. “Han sido acusados y degradados, por lo que, además de unas disculpas oficiales, tienen que ver recompensado tanto maltrato ya que todos los trabajadores de Aguas de Cádiz pueden estar muy orgullosos de cómo trabajaron, y nosotros estamos muy orgullosos de ellos”, explica Romaní.

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El portavoz popular destaca que “ni Teófila, ni mis compañeros ni yo vamos a perdonar que intentaran atentar contra nuestra dignidad como personas”, ya que, según dice, “pretendían nuestra muerte socia”. Según Romaní, el alcalde “ha querido jugar con el Código Penal para imputarnos un delito grave que no ha existido, por lo que ahora, sin excepción, utilizaremos el Estado de derecho para poner a cada uno en su sitio”.

Romaní cree que el decreto de Fiscalía “certifica lo que todos sabíamos, que la gestión fue la correcta, la adecuada, que no hubo mala praxis y que el incidente de contaminación no afectó a nadie, y no afectó a nadie porque hicimos lo correcto y porque trabajamos sin descanso” También se pregunta si “alguien en su sano juicio o con un mínimo de decencia se le puede pasar por la cabeza que alguien –político o lo que sea- puede tomar una decisión en contra de lo que las autoridades sanitarias o los técnicos le dicen”.