Nuevo servicio de mediación habilita un teléfono y evita 67 desahuicios
Desde este lunes se ha puesto en marcha una central telefónica para canalizar las llamadas de personas con necesidad de intermediación bancaria. Las llamadas se van a canalizar a través de 24 puntos en toda la región
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles; la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque; y la gerente del Instituto de Consumo de Extremadura, Leonor Martínez Pereda / Cadena SER
Mérida
El Servicio Extremeño de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria, que cuenta desde hoy con una central de llamadas, ha conseguido evitar el desahucio de 67 familias en sus dos meses de vida, al haberse reestructurado su deuda hipotecaria.
El consejero de Políticas Sociales, José María Vergeles, ha ofrecido estos datos en una rueda de prensa para presentar el teléfono -el 924090616- de este servicio, que persigue que los desahucios sean "cero" por problemas de pago y que arrancó con un presupuesto de 425.000 euros.
La Junta de Extremadura ha atendido en esos dos meses a 124 familias en riesgo de ejecución hipotecaria, en 67 casos se ha conseguido reestructurar su deuda hipotecaria y a otras 38 se ha asesorado de los recursos autonómicos para acceder a una vivienda digna.
Estas familias han sido atendidas en la oficina de enlace más cercana a su domicilio, que están ubicadas en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.
En los próximos meses se pondrán en marcha otros 24 puntos de atención presencial adaptados a los partidos judiciales, en convenio con diputaciones y ayuntamientos.
Estarán dotados de abogados y trabajadores sociales, y coordinados con los servicios sociales de base.
Además, ya está operativa a nivel informativo la web "intermediacionvivienda.juntaex.es", a la que se irán agregando contenidos y que finalmente será interactiva, ya que desde ella se podrá tramitar un formulario.
Este servicio de asesoramiento y mediación permitirá también elaborar un estudio de familias en riesgo de desahucio.
También acabará gestionando del registro de demandantes de viviendas de protección pública y alquileres sociales.
Vergeles ha señalado que en la provincia de Badajoz había algunas oficinas de intermediación implantadas por la Diputación o por algunos ayuntamientos a título individual, mientras que en Cáceres no había nada.
