Sindicatos critican 6 despidos y una privatización encubierta en la DGA
Es en AST, una empresa de derecho público, que se encarga de la gestión informática de los expedientes médicos, las redes de emergencias del 112 e incendios o las sentencias de los tribunales de Justicia, entre otros. El Gobierno de Aragón justifica el recorte en una reestructuración del servicio y una actualización de perfiles profesionales
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Zaragoza
Los trabajadores de la empresa AST (Aragonesa de Servicios Telemáticos), que se encarga de las tecnologías de la comunicación de la DGA, se quejan del goteo de despidos que sufren y critican la intención velada del gobierno regional de privatizarlos a corto plazo. La gota que ha colmado el vaso, seis nuevas bajas en noviembre y dos bajadas de sueldo.
Esta empresa, que es una entidad de derecho público, que ahora tiene 71 empleados, ha prescindido de once trabajadores en apenas un mes si contamos los seis despidos entre el 26 y 28 de octubre y las cinco desascripciones de funcionarios a finales de septiembre.
Desde hace 5 años
Y haciendo historia, son ya 25 las bajas desde 2011. Los trabajadores, a través del sindicato CSIF, recuerdan la importancia de esta empresa que se encarga de, por ejemplo, la gestión de la informática de los expedientes médicos, de las sentencias judiciales y de las redes de emergencias como el 112 y los incendios.
Denuncian además que tras tres años consecutivos con un presupuesto similar, alrededor de los 3,9 millones de euros, reducidos en un 18 por ciento en 2016 hasta los 3,1 millones.
El director general de Administración Electrónica, Fernando García Mongay, justificaba el recorte de plantilla diciendo que "hay una reestructuración para ajustar a los presupuestos la realidad": Remarca que "hay que refundar AST, han cambiado muchísimo las cosas, ha cambiado la forma de gestionar la tecnología y para eso se necesitan perfiles actualizados" pero, además, "las cuentas no salen". Asegura que los recortes no van a continuar.
Tras este desarme de AST, los empleados ven una maniobra para que las grandes empresas de comunicaciones acaben manejando estos sistemas y se privaticen por completo, algo que niegan rotundamente desde el ejecutivo.
