Archivado el caso Matadero

Cádiz

La titular del juzgado de instrucción número uno de Cádiz, María del Carmen Fornell, ha decidido archivar provisionalmente la causa abierta en el conocido como Caso Matadero. La jueza considera que no hay ningún indicio que pueda demostrar que las concejalas del PP Mercedes Colombo y Carmen Sánchez presionaran a las trabajadoras sociales del Ayuntamiento gaditano para cambiar el criterio objetivo en las adjudicaciones de viviendas públicas en esta zona de la ciudad.

En un auto al que ha tenido acceso Radio Cádiz, con fecha del 31 de octubre, la jueza considera que "no se desprenden indicios racionales de la comisión por parte de Colombo y Sánchez de un delito de prevaricación como sostenía Izquierda Unida y PSOE". Una conclusión que, dice, alcanza tras "un análisis de la prolija y exhaustiva documentación e informes remitidos por la Policía" y la toma de declaraciones a varias de las personas que trabajaban en el área de Asuntos Sociales.

De las 102 viviendas de la promoción de Matadero, la jueza ha analizado 35 de ellas y no ha detectado ninguna irregularidad. "Es cierto que las trabajadoras recibieron el encargo de revisar algunos expedientes de usuarios para la adjudicación de viviendas, pero esas instrucciones no suponían presión alguna, más allá de lo que aparejaba la revisión de un trabajo ya realizado", resuelve la jueza.

Fundamental en la decisión de sobreseer la causa ha sido el testimonio de los trabajadores de asuntos sociales. "Ninguno ha manifestado recibir presiones o indicaciones tendentes a determinar el resultado de los informes o a la inclusión o exclusión de persona concreta; las revisiones que se practicaron venían justificadas por motivos como el exceso de tiempo transcurrido o el cambio de circunstancias personales", añade.

También recuerda que la jueza que "ninguna de las viviendas fue adjudicada a usuarios que no tuvieran derecho a ellas". El auto deja claro que la famosa "lista de los políticos", a la que aludieron los abogados de Izquierda Unida durante la instrucción, "no existió" porque, como también argumenta la Fiscalía, "ningún trabajador dice hacerla visto nunca".

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La jueza defiende que las concejalas Colombo y Sánchez sí tenían que estar informadas de la situación de algunas familias y que llamaran para interesarse sobre la situación de alguna de ellas, "práctica arraigada en el tiempo y entre políticos de distintos partidos", porque esa gente paraba por las calles a los ediles. Dice la jueza que "la puesta en conocimiento por parte de las concejalas a las trabajadoras sociales de la situación de algunas familias es, incluso, exigible en el cumplimiento de sus funciones", sin que eso supusiese ninguna presión.

El auto remata asegurando que la adjudicación de viviendas de Matadero no fue "injusta, discrecional o arbitraria". Por todo esto, sobresee la causa, una medida que es provisional porque las partes todavía pueden alegar contra esta decisión.