UPA-UCE Extremadura obtuvo 1,8 millones procedente de subvenciones
La Guardia Civil ha informado que los hechos investigados pueden ser de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales
Detenidos de UPA-UCE Extremadura saliendo de la sede regional / Cadena SER
Mérida
La Guardia Civil ha informado de que los hechos investigados pueden ser de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales
UPA-UCE tenía montado en Extremadura un entramado presuntamente delictivo dedicado a la financiación ilegal de la organización agraria. En total se obtuvieron más de 1,8 millones de euros procedentes de unas 5.500 subvenciones.
Las investigaciones comenzaron en el mes de febrero, tras la denuncia de un agricultor en la provincia de Cáceres. Dinero corresponde a un periodo 2013-2015, procede de estas subvenciones que fueron solicitadas por más de 1.800 afiliados de UPA-UCE Extremadura. Según las investigaciones policiales numerosos afiliados desconocían que habían pedido dichas subvenciones.
La operación que arrancaba este miércoles y bautizada como Operación 'Tellus' se saldaba con siete detenidos, cuatro de los cuales son miembros de la Junta Directiva de la entidad agraria, entre ellos su secretario general, Ignacio Huertas o el secretario de acción sindical y responsable de agricultura José Cruz.
UPA-UCE Extremadura habrían pedido supuestas subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante este periodo con fondos procedentes de la Unión Europea. Los fondos fueron derivados a la financiación de la organización agraria y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación.
Tras el estudio de la normativa que regula la obtención de estas subvenciones por asesoramiento agrario, los agentes comprobaron que los perceptores de dichas ayudas eran agricultores cuya explotación agraria estaba en Extremadura, los cuales recibirían, previa solicitud y presentación de la documentación correspondiente, el 80 % del importe total del asesoramiento agrario.
Dicho asesoramiento solo podía ser prestado por una lista cerrada de empresas y organismos reconocidos por la Junta, entre los que se encontraba el propio sindicato UPA-UCE.
Con estos datos, la Guardia Civil procedió a tomar manifestación a una treintena de agricultores afiliados al sindicato. Estas pesquisas permitieron determinar la existencia de un plan preconcebido y la aplicación de una ingeniería financiera diseñada con anterioridad a su ejecución, en cuyo desarrollo participaban personas físicas y jurídicas bajo una estructura organizada.
La mecánica desvelada por la investigación refleja que el dinero necesario para pagar el informe agrario provenía del propio sindicato, que lo transfería a la empresa mercantil instrumental, la cual lo remitía a los agricultores perceptores de las ayudas, para volver de nuevo al sindicato de donde había salido, simulando un supuesto pago por un asesoramiento agrario que no llegaba a darse, o no se daba con las condiciones exigidas para otorgar subvenciones.
La subvención, una vez gestionada por el propio sindicato con los documentos que les daban a firmar a los agricultores, era ingresado en la cuenta de estos últimos e inmediatamente se transfería a la mercantil instrumental como amortización del préstamo. mDesde allí nuevamente se transfería al sindicato.
De esta manera, el dinero salía del sindicato, se transfería a los agricultores a través de la mercantil y volvía al sindicato mediante el cobro de recibos, lo que permitía a este último volver a ponerlo en circulación las veces que lo considerase necesario, operando reiteradamente con esos fondos para volver a recuperar el dinero.
Las operaciones eran ficticias y sin coste económico alguno, por lo que el sindicato obtenía el beneficio íntegro de las miles de subvenciones concedidas a favor de los afiliados del sindicato, las cuales volvían a este último.
Este proceso de transferencias y cobro de recibos "tipo carrusel" se daba a espaldas de los propios agricultores, muchos de los cuales desconocían incluso haber solicitado un préstamo para asesoramiento agrario.
La investigación patrimonial ha desvelado que el capital se ha utilizado mayoritariamente por el sindicato para la financiación de la actividad propia del mismo (pago de nóminas, impuestos, pago de proveedores, suministros), otra parte del dinero se ha destinado a determinadas empresas para fines supuestamente privados y otra, en definitiva, a la matriz nacional del sindicato u otras organizaciones afines.
