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El juez cita a declarar a más empresarios en la nueva causa contra Martínez

El juzgado investiga la compra-venta de terrenos rústicos en Vall d'Alba para impulsar proyectos urbanísticos

Imagen de archivo del ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez / Radio Castellón (Radio Castellón)

Imagen de archivo del ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez

Castellón

El juez que instruye la nueva causa contra el ex vicepresidente de la Diputación de Castellón del Partido Popular y ex alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez, citará a declarar a dos nuevos representantes de la mercantil CALVIGA SL, vinculada al empresario Luis Batalla Romero.

Hay que recordar que el juez ya citó a finales de septiembre al administrador único de la mercantil Calviga SL, Juan Alberto Oller Sanz, aunque ahora pide el sobreseimiento para Oller.

Ambos representantes serán citados en los próximos días para declarar por el caso en el que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos por la compra-venta de terrenos en Vall d'Alba. Terrenos rústicos, que al parecer adquirían sociedades vinculadas al ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, para después recalificarlos, aprovechando la calidad de alcalde de Francisco Martínez, y en esos mismos lugares, más tarde se anunciaban proyectos urbanísticos. Proyectos como el PAI Pla de l'ARC o el PAI Mas de Lluna, donde estaba previsto que se construyera, prácticamente un pueblo nuevo que incluía 2.000 viviendas, hoteles y un campo de golf.

Esta es una de las operaciones por las que Fiscalía, investiga de nuevo al que fuera mano derecha de Carlos Fabra, quien al parecer, trató de beneficiarse por su condición de alcalde de la información privilegiada que tenía en su poder, por lo que presuntamente conocía que el lugar en el que adquiría terrenos a bajo coste iba a convertirse en el PAI Más de Lluna, aprobado por el pleno del Ayuntamiento y ratificado por la Generalitat en 2012. La adjudicación de las obras fue para la mercantil Calviga.

 
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