Imputan a un notario hermano del fiscal Anticorrupción en el caso del fraude del Ave
El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga la "operación César" ha dictado una providencia en la que cita a declarar como investigado al hermando del fiscal Juan Pablo Lozano, que representa a la fiscalía en este caso
Murcia
El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga la "operación César", sobre presunta corrupción en un tramo del AVE, ha dictado una providencia en la que cita a declarar como investigado al notario José Antonio Lozano Olmos, hermano del fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que representa a la fiscalía en este caso.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Efe, señala que este notario deberá declarar el próximo noviembre por si hubiera podido incurrir en un delito de blanqueo de capitales al autorizar como fedatario público ocho escrituras por las que uno de los principales investigados, José Manuel Fernández Pujante, transmitía su patrimonio a su esposa e hijas.
Según un informe elaborado por la Guardia Civil que investiga los hechos y entregado en el Juzgado de Instrucción en junio de 2015, las ocho escrituras fueron firmadas, de forma sucesiva, el mismo día -5 de febrero de 2014-, en el despacho del citado notario.
El informe de la Benemérita, al que ha tenido acceso Efe, añadía que por aquellas fechas, Antonio José Fernández Pujante, hermano del anterior e igualmente imputado, había realizado igualmente sendas escrituras de separación de bienes y de liquidación de gananciales, ante otro notario.
Y añadía que "podría resultar anómalo que todas estas circunstancias hayan pasado desapercibidas para los notarios ante los que se formalizaron las escrituras".
"Por ello -indicaba el informe-, se solicitó al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales la información que hubiera podido recibir de las personas obligadas por la ley sobre operaciones sospechosas relativas a los investigados", en referencia a los dos hermanos citados.
La respuesta del citado Servicio fue que "no existía información alguna" sobre operaciones sospechosas en las que hubieran participado aquellos dos.
Al acordar la investigación de José Antonio Lozano Olmos, el Juzgado de Instrucción se remite precisamente a las sospechas referidas en el documento de la Guardia Civil, para añadir que en las escrituras "se hizo una transmisión masiva" del patrimonio de José Manuel Fernández a favor de su esposa y de sus dos hijas.
En una de aquellas se procedía a emancipar a una de las hijas, a la que, por medio de otra, se le donaba una vivienda ubicada en Murcia y una plaza de garaje.
Por otras dos escrituras, la segunda hermana recibía igualmente, por vía de donación, otra vivienda y plaza de aparcamiento, y la dos, el cien por cien de las participaciones sociales de una empresa propiedad de los esposos, aplazando veinte años, sin intereses, el pago de las participaciones sociales, que se valoraban en 360.000 euros.
En otra, la de mayor volumen económico, se acordaban las capitulaciones matrimoniales y la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales de Fernández Pujante y su esposa, María Teresa Barberá, también investigada, con un patrimonio valorado en 4,2 millones de euros.
En ese mismo documento, a la esposa se le asignaba la titularidad de trece inmuebles, todos los saldos en cuentas bancarias y 1,8 millones de euros en cartera de valores, mientras que el esposo se reservaba las participaciones en una empresa investigada en este mismo caso y 841.000 euros en valores.
Finalmente, José Manuel Fernández concedía un préstamo de 800.000 euros a una de las hijas, a pagar dentro de veinte años y sin intereses.
Los investigadores sospechan que parte de ese patrimonio podrían proceder, presuntamente, de comisiones percibidas por José Manuel Fernández, ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante) por la ejecución de las obras de reposición de las redes hidráulicas afectadas por el tramo del AVE comprendido entre Crevillente (Alicante) y Murcia.
Tras la decisión judicial de investigar al notario Lozano Olmos, el abogado penalista y profesor universitario José Muñoz Clares ha dicho a EFE que su hermano debe apartarse del caso, al incurrir en causa legal para ello, además de hacer otras consideraciones críticas sobre este por su labor en el caso en relación con esa relación familiar.