Roca no negoció el convenio Marina Mariola por el que está acusado

Málaga

La que fue asesora jurídica de urbanismo en Marbella durante el gilismo, María Castañón, desvincula a Juan Antonio Roca de las negociaciones del convenio urbanístico por el que se sienta ahora en el banquillo de los acusados.

Castañón mantiene que Roca ni negoció ni se entrevistó con el promotor de la urbanización Marina Mariola ya que había negociado directamente con Jesús Gil. Por este caso Muñoz y Roca se enfrentan a 10 años de prisión cada uno.

El juicio del caso Marina Mariola comenzó este martes en la sección primera de la Audiencia de Málaga.

En sus conclusiones provisionales, fiscal sostiene que desde la llegada al poder del Grupo Independiente Liberal (GIL), los responsables municipales elegidos, con Jesús Gil al frente, "que casi inmediatamente dejó de firmar cualquier documento para no comprometerse en las ilegalidades que sabía se sucederían", gestionaron el patrimonio público "en su propio beneficio".

Así, en el escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, se precisa que Muñoz, como regidor accidental, fue "persona de confianza durante algunos años para firmar decretos, convenios y escrituras en nombre del alcalde y del Ayuntamiento"; mientras que Roca era el "verdadero gestor de hecho en materia urbanística, desde un aparente segundo plano y con una contratación laboral".

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A nivel general, el fiscal señala que todos los implicados "creían tener coartada": el alcalde, "porque no firmaba nada"; el regidor accidental "que no sabía lo que firmaba o confiaba en la legalidad"; el gerente, "que no tenía cargo público"; y los ediles, "porque no entienden de urbanismo". "Y todos confiados en la impunidad que creían que les aseguraba la mayoría absoluta de los votos ciudadanos", dice.

En esta causa también se acusa a un empresario, como responsable de la sociedad, a quien, como a otros, esos pagos para poder trabajar con los ayuntamientos, "el de Marbella y probablemente de la mayoría de municipios", les seguían "siendo muy rentables dado los altos porcentajes y márgenes de beneficio en la construcción a partir de los incrementos de los aprovechamientos", señala el ministerio público.

Los terrenos donde está el edificio están en Huerta de Las Merinas. La acusación analiza los dos convenios; el primero no llegó a ejecutarse y el segundo recogía un incremento de la edificabilidad, lo que creaba un exceso de aprovechamientos que tasados, estima "los perjuicios causados a las arcas municipales en 4,7 millones de euros".

"La ejecución del convenio mediante la construcción del edificio proyectado no se ajustaba en absoluto a las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1986", dice la Fiscalía, apuntando que son 82 los inmuebles que componen el edificio, de los que 74 son viviendas que se vendieron y se habitaron, "pese a estar pendiente de concesión la licencia de primera ocupación".

Se señala que Roca "negociaba personalmente o bajo su dirección todos los convenios" e "imponía en la Corporación los que habían de ser aprobados, con la connivencia de Julián Muñoz". Además, apunta que "no se realizó subasta alguna, adjudicándose directamente los aprovechamientos a la entidad, incumpliendo la legislación local", añadiendo que los convenios se basaban en la revisión del plan no aprobado.