Alcorcón demanda al Ayuntamiento de Madrid por el protocolo para episodios de alta contaminación

Móstoles

El Ayuntamiento de Alcorcón ha presentado en el juzgado contencioso administrativo número 19 la demanda contra el Protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno del Ayuntamiento de Madrid y que entró en vigor en febrero de este año, donde se incluyen cierres al tráfico en el centro de Madrid en el peor de los escenarios. El regidor, David Pérez, ha señalado que se ha presentado esta demanda "por vulnerar los derechos de los ciudadanos a circular libremente por el territorio nacional, recogidos en los artículos 19 y 139.2 de la Constitución Española".

El regidor ha destacado que "en ningún momento nadie del Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en contacto con nosotros para evitar llegar a los Tribunales". David Pérez ha afirmado que "no estoy dispuesto a que la alcaldesa de la capital vulnere el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos de poder circular libremente por las carreteras madrileña", "el cierre de estos accesos generaría un problema muy serio y causaría el llamado -efecto frontera-, es decir, que la decisión que tome Carmena afectaría a las localidades limítrofes y sufriríamos consecuencias económicas, de sobrecarga del tráfico y colapso circulatorio, entre otras", según el alcalde alcorconero.

Además, el Consistorio también expone en su denuncia que la M-30 o Calle 30, antigua carretera con titularidad estatal, que, aunque haya sido cedida a la entidad local, en esta caso la Comunidad de Madrid, goza de la condición de carretera integrada en la red autonómica de carreteras y "es dudoso que una institución local pueda adoptar decisiones de modo unilateral, sin contar con el consentimiento del titular, que en este caso es la Administración regional".

Desde el Ayuntamiento de Alcorcón señalan que si, finalmente, el Ayuntamiento de Madrid aplicara esta decisión de cerrar al tráfico de vehículos el acceso a la capital, los perjuicios económicos de esta medida, conllevaría ser indemnizadas por la Administración Pública que la llevara a cabo. Por eso, señalan, "cualquier persona o grupo de personas podría y estaría en su derecho de denunciarlo y pedir una indemnización por daño efectivo evaluable económicamente, como ya ha sucedido en otras localidades de España, como en Burgos".