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El Govern estudia implantar dos nuevos impuestos verdes en 2017

Se prevén recaudar entre 4 y 6 millones de empresas contaminantes

Reunión se seguimiento del Pacte de este miércoles. / Cadena SER

Reunión se seguimiento del Pacte de este miércoles.

Palma de Mallorca

El Govern prevé recaudar anualmente entre 4 y 6 millones de euros con la implantación de dos nuevos impuestos verdes que estudia implantar a partir del próximo año. Se trata de una propuesta de Més para gravar a las centrales térmicas de las Islas (la de Alcúdia, Mahón, y la de Ibiza), y también la fábrica de cemento de Lloseta. Además prevé aplicar un gravamen con efecto "disuasorio" a la empresa Red Eléctrica en los proyectos que instalen cableado en la superficie y que afecten a parques naturales.

Se trata de la primera de las propuestas de resolución presentada por Més per Mallorca en el debate general del Govern y que fue aprobada con los votos de los socios del Pacte. En Més, David Abril, asegura que está en fase de estudio para que mediante una ley específica se puedan poner en marcha en 2017 estas dos medidas.

La SER ha tenido acceso a la propuesta de fiscalidad para la transición energética de Més. El impuesto afectaría a las emisiones de dióxido de azufre y de óxido de nitrógeno tal y como ya se viene aplicando en diferentes comunidades autónomas. En este caso la posible recaudación sería entre uno y dos millones de euros.

Mientras que el impuesto al impacto visual de los elementos de suministro y transformación de energía eléctrica gravaría las líneas aéreas de distribución de electricidad. Se calcula que la recaudación sería de unos 700.000 euros si solo se tienen en cuenta las infraestructuras de transporte y no de distribución de electricidad.

Estos cálculos son aproximados teniendo en cuenta las cifras de las comunidades que ya aplican los impuestos. Abril asegura que en las Islas se podría elevar el gravamen debido a la limitación del territorio y el gran valor del patrimonio natural y paisagístico.

Estos dos impuestos tendrían un carácter finalista, es decir, que el dinero recaudado se destine directamente a la mejora del medio ambiente. Entre las inversiones proponen la puesta en marcha de instalaciones renovables en edificios públicos, subvenciones a particulares y empresas para autoconsumo, y también la posibilidad de establecer un sistema de retribución del precio de la energía generada por los productores de energías renovables.

En Podemos, Alberto Jarabo, defiende su introducción y recuerda que afectarían a las grandes empresas que más contaminan.

 
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