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Una jueza abre juicio al empresario Sivianes por fraude en los cursos de formación

La magistrada lo sienta en el banquillo junto a otras ocho personas por haberse apoderado supuestamente de 3 millones de euros entre 2010 y 2012

La magistrada lo sienta en el banquillo junto a otras ocho personas por haberse apoderado supuestamente de 3 millones de euros entre 2010 y 2012 / Cadena Ser

La magistrada lo sienta en el banquillo junto a otras ocho personas por haberse apoderado supuestamente de 3 millones de euros entre 2010 y 2012

Sevilla

La jueza de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ordena la apertura de juicio oral contra el empresario José Sivianes, su mujer y otras siete personas por los supuestos delitos de fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad en documento mercantil. Sivianes supuestamente organizó una trama que logró más de cinco millones para programas de formación y se apoderó supuestamente de tres millones, que es la fianza de responsabilidad civil que impone el juzgado a él, a su empresa y a su esposa.

El fiscal solicitó 12 años de cárcel para el empresario, uno de los que más dinero ha recibido para la formación en Andalucía. Para los demás pidió penas entre los seis y los 12 años de prisión. Entre los procesados se encuentra un hijo del e alcalde socialista de la localidad sevillana de Los Palacios, Antonio Torres.

Los cursos de formación subvencionados con dinero de la Junta se impartieron, según ha determinado la instrucción, pero con un coste real un 70 % por debajo de lo documentado ante la administración. De forma que si el coste real de una clase era de 20 euros Sivianes facturaba 80 a la Junta.

El empresario, dice la jueza, simulaba la cesión del servicio de docencia junto con la duplicidad en las horas de clase facturadas. Torres sería uno de los contratantes de los profesores; pero no existen contratos para demostrar que alguna empresa de Torres prestaba servicio a la empresa de Sivianes, a Formación Integral para el Empleo, mediante la cesión de los formadores.

La jueza crítica que los beneficiarios de las subvenciones para la formación no estaban obligados a aportar a la administración las facturas sino sólo obligados a almacenar las mismas y a presentar simplemente un informe de auditoría externa, limitado a una comprobación formal, que ellos mismos pagan con cargo a las subvenciones obtenidas.

Mercedes Díaz

Mercedes Díaz

Periodista de Tribunales y redactora de sucesos en Radio Sevilla desde 1990. Licenciada en Ciencias...

 
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