El Gobierno vasco estudia equiparar los permisos de maternidad y paternidad
La medida forma parte del primer Plan de Igualdad de Lakua tras constatar que sólo uno de cada diez trabajadores que concilia es hombre
Sede del Gobierno vasco en Vitoria / IREKIA
Vitoria
El Gobierno vasco ha aprobado hoy el primer Plan para la Igualdad de mujeres y hombres en la Administración General y sus Organismo Autónomos que recoge la posibilidad de "equiparar" los permisos de maternidad y paternidad de los casi 7.000 empleados de Lakua.
El plan contempla 3 ejes de actuación y 26 medidas “para corregir la desigualdad” entre mujeres y hombres, entre ellas, se pretende “evaluar el impacto económico de la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad para que sean de igual duración e intransferibles”.
Por primera vez, el Ejecutivo ha hecho un análisis sobre la situación de su plantilla que está “claramente feminizada” y en la que las mujeres "sufren mayor inestabilidad laboral" que los hombres.
Según el estudio, el 87% de quienes solicitan medidas de conciliación para el cuidado de menores y familiares son mujeres. Además, se ha constatado una brecha salarial del 8,5% “que no es fruto de una discriminación directa, sino porque las mujeres optan por ocupar puestos de inferior categoría y retribución al llevar el peso de la conciliación”.
A partir de estas conclusiones, se han concretado hasta 26 medidas concretas que buscan paliar estas diferencias y entre las que se incluye también la edición de una guía-manual sobre medidas de conciliación, horarios, permisos, requisitos, condiciones y consecuencias en cotizaciones y jubilaciones.
Además, se revisarán los procesos de selección y la no sustitución de personal en situaciones de reducción de jornada o excedencias “para que no repercuta en compañeros y se evite la presión de estar en situación de reducción”. Asimismo, se elaborará un nuevo protocolo específico para la actuación ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo que hasta la fecha “nunca” se han denunciado.
El documento aprobado por el Gobierno vasco ha sido fruto de la negociación con los sindicatos y ha sido ratificado por la Mesa Sectorial de la Administración General.
